La jueza Aileen Cannon, responsable del ya archivado procedimiento contra el expresidente Donald Trump por el manejo negligente de documentos clasificados, ha ordenado este lunes impedir de forma definitiva que salga a la luz el informe final preparado por el fiscal especial Jack Smith.
La magistrada, designada en su día por Trump, sostiene en la resolución que la difusión del documento “causaría un daño irreparable a los exacusados; contravendría las nociones básicas de equidad y justicia” y podría conllevar la revelación de información “protegida por el privilegio abogado-cliente”.
Cannon califica como “estratagema descarada” la actuación de Smith por su empeño en concluir y presentar el informe, a pesar de una decisión anterior, dictada en julio de 2024, en la que declaró inconstitucional su nombramiento como asesor especial, algo que, a su juicio, supone desobedecer esa orden previa.
“Si bien es cierto que los abogados especiales han publicado informes finales al final de su trabajo, parece que lo hicieron después de optar por no presentar cargos o tras sentencias por declaración de culpabilidad o en un juicio”, recoge el auto.
En esa línea, el tribunal afirma que “se ha esforzado por encontrar una situación en la que un exfiscal especial haya publicado un informe tras iniciar cargos penales que no llevaron a una declaración de culpabilidad”, sin localizar precedentes comparables.
Cannon archivó el procedimiento contra el magnate y otros dos coacusados después de concluir que el nombramiento de Smith vulneraba la Constitución. La defensa de Trump alegó que la cláusula de nombramientos de la Carta Magna impedía al entonces fiscal general Merrick Garland, bajo el Gobierno del presidente Joe Biden, designar a “un aliado político” sin el visto bueno del Senado.
El razonamiento de la jueza se apoyó en preceptos constitucionales, al señalar que la figura del fiscal especial “se apodera” de la “autoridad legislativa” reservada al Congreso y “amenaza la libertad inherente a la separación de poderes”, evitando pronunciarse sobre la posible responsabilidad penal de Trump en relación con los documentos clasificados.
El dirigente republicano se declaró no culpable, cuando aún era expresidente, de más de una treintena de cargos formulados tras localizarse numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, después de abandonar la Casa Blanca.