El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este martes de que Afganistán corre el riesgo de quedarse sin unas 25.000 maestras y trabajadoras sanitarias de aquí a 2030, como consecuencia de las amplias restricciones impuestas por los talibán a la educación de las niñas y al empleo femenino desde su llegada al poder en agosto de 2021.
En su informe “El precio de la inacción en la educación de las niñas y la participación de las mujeres en la fuerza laboral en Afganistán”, el organismo detalla que el país podría perder cerca de 20.000 maestras y 5.400 profesionales de la sanidad en ese horizonte temporal, en un contexto en el que la presencia de mujeres en la administración pública ha descendido del 21% al 17,7% entre 2023 y 2025.
El documento alerta de que la caída del número de mujeres cualificadas en colegios y centros de salud tendrá efectos “devastadoras” sobre el aprendizaje, la salud y las perspectivas de futuro de la infancia. Según UNICEF, esta situación ya supone para Afganistán un coste anual de 84 millones de dólares (unos 71,8 millones de euros) en producción económica perdida, un impacto que se intensifica mientras niñas y mujeres sigan excluidas del sistema educativo y del mercado laboral.
El informe subraya igualmente que apartar a las mujeres de la enseñanza y de la sanidad afecta “directamente” a los niños y niñas, con un efecto “particularmente grave” en el ámbito sanitario, donde a menudo las mujeres no pueden ser atendidas por personal masculino, lo que repercute de forma directa en los servicios de salud materna, neonatal e infantil.
“Afganistán no puede permitirse perder a futuras maestras, enfermeras, médicas, parteras y trabajadoras sociales, quienes sustentan servicios esenciales. Esta será la realidad si las niñas continúan excluidas de la educación”, ha destacado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.
“Instamos a las autoridades de facto a que levanten la prohibición de la educación secundaria para las niñas y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que mantenga su compromiso de apoyar su derecho a aprender”, ha añadido, de acuerdo con un comunicado difundido por el organismo.
En la misma línea, ha insistido en que “negar a las niñas afganas el acceso a la educación secundaria priva a toda una nación de su potencial”, ya que “condena a las niñas, a sus familias y a sus comunidades a la pobreza, debilita los indicadores de salud y silencia el motor económico que una generación de mujeres formadas podría impulsar”.
UNICEF sostiene que Afganistán afronta una “doble crisis”: por un lado, la pérdida de profesionales experimentadas y, por otro, la dificultad de que nuevas generaciones puedan sustituirlas cuando se jubilen o dejen sus puestos, debido a que las restricciones educativas impiden a las niñas acceder a estas profesiones en el futuro.
El organismo recuerda que, desde 2021, un millón de niñas han visto vulnerado su derecho a aprender por estas medidas, en un país que ya presentaba una de las tasas de alfabetización femenina más bajas del planeta. Si las normas de los fundamentalistas se mantienen hasta 2030, más de dos millones de niñas quedarán fuera de la escuela.
En este escenario, UNICEF explica que en 2025 prestó apoyo de emergencia a más de 3,7 millones de niños y niñas matriculados en escuelas públicas —en los cursos que aún se les permite cursar—, mientras que 442.000 menores —el 66% de ellos, niñas— participaron en programas de aprendizaje comunitario, y se construyeron o rehabilitaron 232 centros educativos.
Por todo ello, el organismo reclama “medidas urgentes” para que las niñas afganas recuperen su derecho a la educación secundaria y superior, al tiempo que defiende la necesidad de sostener la inversión en la enseñanza primaria como pilar clave para el desarrollo del capital humano y como evidencia del efecto positivo de un sistema educativo inclusivo sobre las niñas, algo que considera “esencial para el futuro de Afganistán en materia de salud, educación y economía”.