El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este martes de que más de 4.300 niños han perdido la vida o han resultado heridos durante los tres años de conflicto en Sudán entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con al menos 160 menores fallecidos y 85 mutilados entre enero y marzo. El organismo ha subrayado que cerca del 80% de estas víctimas infantiles se deben a ataques con drones.
“Durante tres años, los niños en todo Sudán han sido asesinados, heridos y desplazados a niveles alarmantes”, ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Sus hogares, escuelas y hospitales siguen siendo atacados. No hay justificación para la violencia contra la infancia. Esto refleja un fracaso colectivo de las partes en conflicto a la hora de proteger los derechos más básicos de los niños”, ha lamentado.
Según UNICEF, las víctimas infantiles registradas en el primer trimestre del año suponen un incremento del 50% frente al mismo periodo de 2025, con Darfur y Kordofán como las regiones más golpeadas por la violencia. El conflicto ha obligado a más de cinco millones de menores a abandonar sus hogares y ha derivado en más de 5.700 violaciones graves contra la infancia, con al menos 5.100 víctimas, incluidos más de 4.300 niños muertos o mutilados.
La agencia ha añadido que en las áreas más castigadas los bombardeos y ataques constantes siguen arrasando viviendas, centros educativos, mercados y hospitales. El 78% de las víctimas infantiles se atribuye a ataques con drones, mientras la emergencia humanitaria se agrava por el aislamiento de amplias zonas debido a la inseguridad, los daños en infraestructuras y las trabas administrativas. Las restricciones de acceso son especialmente severas en Darfur, Kordofán y partes del Nilo Azul, lo que deja a muchos de los menores más vulnerables sin asistencia, de acuerdo con UNICEF.
El organismo ha incidido también en que el hambre, las enfermedades y el peligro de hambruna “se están extendiendo”, “impulsados por la violencia, los desplazamientos repetidos y las graves limitaciones al acceso humanitario”. En 2025 se confirmaron hambrunas en El Fasher y Kadugli y existe el temor de que la situación se repita en Um Baru y Karnoi. De cara a 2026, se calcula que unos 4,2 millones de niños padecerán desnutrición aguda, entre ellos más de 825.000 con cuadros graves que pueden resultar mortales si no reciben tratamiento inmediato.
Además, más de un tercio de los centros educativos del país permanecen cerrados y otro 11% sirve como refugio o está ocupado por los actores armados, de modo que casi la mitad de las escuelas ya no funcionan como tales. Esta realidad ha dejado a al menos ocho millones de niños y niñas en Sudán sin poder asistir a clase.
UNICEF ha recordado que precisa 62,9 millones de dólares (unos 53,5 millones de euros) para asistir a 7,9 millones de menores, pero hasta marzo solo había recibido el 16% del presupuesto requerido. La agencia enmarca esta situación en lo que Naciones Unidas y numerosas ONG describen como una grave falta de financiación internacional para las operaciones de ayuda a la población sudanesa, atrapada en una de las crisis humanitarias más graves del planeta.
“Proteger a la infancia exige que todas las partes en conflicto pongan fin de inmediato a las violaciones graves contra los niños y respeten el Derecho Internacional, incluido el acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos en todo el país”, ha destacado Russell. “Agradecemos a los donantes que apoyan nuestro trabajo para salvar vidas, pero las necesidades humanitarias siguen superando ampliamente la financiación, y hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que refuerce su apoyo. No podemos apartar la mirada del sufrimiento de la infancia en Sudán”, ha zanjado.
PRESIÓN CRECIENTE SOBRE LA AYUDA HUMANITARIA
En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha señalado que la respuesta humanitaria se encuentra sometida a una presión cada vez mayor y ha advertido de que la magnitud y complejidad de los desplazamientos, sumadas a los impactos ambientales y a las limitaciones operativas, ejercen una “considerable presión” sobre los sistemas de ayuda.
“En este momento las necesidades superan nuestra capacidad de respuesta, y esa brecha se mide en vidas humanas”, ha explicado la directora general de la OIM, Amy Pope. “A diario la asistencia se demora y las familias se quedan sin alimentos, agua o seguridad”, ha resaltado, antes de hacer hincapié en que “se requiere con urgencia un apoyo internacional sostenido e inmediato para poder llegar hasta las personas antes de que más vidas sean empujadas hacia el abismo”.
La OIM ha recordado que Sudán constituye la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con casi nueve millones de desplazados internos y más de cuatro millones de refugiados en los países limítrofes. Al mismo tiempo, casi cuatro millones de personas han retornado a zonas que consideran relativamente seguras.
La organización ha recalcado que tanto quienes se han visto obligados a huir como quienes regresan afrontan “desafíos relevantes para el acceso a servicios básicos”. “Muchas familias que regresan a hogares dañados o abandonados encuentran severa escasez de albergues, agua potable, y medios de subsistencia, dejando a millones dependiendo de la asistencia humanitaria para poder paliar sus necesidades básicas”, ha argüido.
La OIM ha subrayado igualmente que los efectos del cambio climático agravan aún más las necesidades. Ha precisado que las lluvias, las inundaciones y los episodios de calor extremo han intensificado la inseguridad alimentaria y han elevado el riesgo de enfermedades transmitidas por agua contaminada en comunidades que ya luchan por sobrellevar el conflicto y el desplazamiento.
Por todo ello, la OIM ha insistido en que las operaciones humanitarias se enfrentan a obstáculos logísticos y de financiación crecientes, y ha solicitado 277 millones de dólares (cerca de 235 millones de euros) para asistir a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Sudán y en los países vecinos, así como para reforzar los sistemas necesarios que permitan mantener y ampliar la respuesta humanitaria y de recuperación.