El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este miércoles de que más de 450.000 niños están en peligro de padecer desnutrición aguda debido al masivo desplazamiento de población y a la paralización de los servicios sanitarios y nutricionales provocados por el recrudecimiento del conflicto en el estado de Jonglei, en Sudán del Sur.
“Estamos muy preocupados por las mujeres, niños y niñas afectados por estos violentos enfrentamientos. Sabemos que estas zonas tienen algunos de los niveles más altos de desnutrición infantil y sabemos que un niño desnutrido sin tratamiento tiene doce veces más probabilidades de morir”, ha advertido la representante de UNICEF en el país, Noala Skinner.
“Hacemos un llamamiento urgente a todas las partes para que cesen la violencia y garanticen un acceso rápido, sin obstáculos y seguro para que la ayuda humanitaria y los trabajadores puedan llegar a los grupos desplazados más vulnerables”, ha señalado, en un contexto en el que se calcula que al menos 250.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de los combates.
La agencia de la ONU ha denunciado que la entrega de asistencia de emergencia se ve seriamente limitada en un momento crítico, ya que las organizaciones humanitarias no logran acceder a las comunidades más expuestas por las restricciones a los desplazamientos fluviales, aéreos y por carretera.
En este escenario, seis condados del estado de Jonglei ya se han quedado, o están a punto de quedarse, sin alimentos terapéuticos, un recurso esencial para salvar la vida de los menores con desnutrición severa. UNICEF ha informado además del cierre de 17 centros de salud en todo el país a raíz de la violencia, así como de diez episodios de saqueo de suministros médicos y nutricionales, cinco de ellos en Jonglei.
Pese a las dificultades, UNICEF ha remarcado que ha logrado enviar equipos de potabilización de agua, cubos y jabón al condado de Duk, en Jonglei, ante el temor de un posible brote de cólera. También ha hecho llegar material a Akobo, en el mismo estado, entre el que figuran tratamientos contra la malaria, alimentos terapéuticos para combatir la desnutrición y kits básicos de salud de emergencia para atender a algo más de 10.000 personas.
A finales de enero, el Ejército de Sudán del Sur lanzó una ofensiva en Jonglei contra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) —liderado por el exdirigente rebelde y exvicepresidente sursudanés Riek Machar— y emitió una orden de evacuación en tres condados para que abandonaran la zona los civiles, los ‘cascos azules’ de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y el personal de las ONG.
El conflicto volvió a intensificarse en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, y llegó a tomar temporalmente la localidad. Este episodio llevó a las autoridades a imponer arresto domiciliario a Machar, al que acusaron de conspirar contra la seguridad del Estado, lo que el SPLM-IO consideró una violación del acuerdo de paz de 2018.
La escalada de tensión se extendió a otras zonas del país, agravando la crisis en un momento en que el presidente sursudanés, Salva Kiir, había promulgado en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para prolongar dos años más el periodo de transición. Esta decisión fue cuestionada por la comunidad internacional, que instó a Yuba a avanzar en la plena implementación del acuerdo de paz de 2018, recordando que siguen pendientes compromisos clave, entre ellos la convocatoria de elecciones.