El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reclamó este jueves la excarcelación de todos los niños y niñas arrestados durante los últimos “disturbios” y movilizaciones contra el Gobierno iraní, unas protestas que, de acuerdo con las cifras oficiales de Teherán, han dejado más de 3.000 fallecidos, aunque diversas ONG sostienen que el número real sería al menos el doble.
El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Edouard Beigbeder, expresó su “profunda preocupación por las informaciones que indican que los menores arrestados permanecen detenidos”.
“Si bien no se puede verificar la cifra exacta de niños que siguen actualmente detenidos ni en qué condiciones se encuentran, instamos a que se garantice un acceso inmediato e independiente a todos los niños detenidos para evaluar su situación, trato y bienestar”, ha afirmado, según un comunicado.
Beigbeder subrayó que el efecto de estas detenciones “está documentado” en la infancia. “No son adultos pequeños sino que requieren cuidados especiales. La privación de libertad conlleva consecuencias permanentes para su desarrollo, pero también para el futuro de la sociedad en su conjunto”, ha manifestado.
En este sentido, remarcó que “los niños y niñas privados de libertad deben ser tratados con humanidad y dignidad, y se les debe permitir mantener contacto regular con sus familias”. “Estas son obligaciones vinculantes en virtud del Derecho Internacional y deben respetarse en todo momento”.
“Pedimos poner fin a la detención de niños y niñas en todas sus formas y la liberación inmediata de los menores detenidos en Irán tras los recientes disturbios públicos. La República Islámica de Irán es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la infancia”, ha zanjado.
Las autoridades iraníes han confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en unas protestas iniciadas para denunciar la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, elevan el balance a más de 7.000 víctimas mortales, según su recuento más reciente.