QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un informe legal revelado por la organización Democracy Forward este martes indica que Estados Unidos desembolsó 4,76 millones de dólares (equivalentes a 4,06 millones de euros) a El Salvador para ‘cubrir los costes’ asociados con la retención de individuos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, quienes fueron deportados desde el territorio estadounidense.
‘El Gobierno de Estados Unidos (…) por la presente proporciona la suma de 4.760.000 dólares (4.060.000 euros) mediante este acuerdo de subvención para las necesidades de aplicación de la ley y lucha contra la delincuencia de El Salvador, que podrían incluir los costes asociados a la detención de miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua, a quienes El Salvador aceptó de Estados Unidos’, detalla el documento, una carta enviada ‘en nombre de Estados Unidos’ con la firma oculta en la versión distribuida por la entidad estadounidense.
La carta, fechada el 22 de marzo de 2025, menciona que el gobierno salvadoreño ‘comunicó su disposición a aceptar y albergar a aproximadamente 300 miembros de Tren de Aragua deportados por hasta un año o hasta que se tome una decisión sobre su destino’.
Este pago de más de cuatro millones de euros fue destinado a ‘los costes asociados con la detención de los 238 miembros de Tren de Aragua deportados recientemente a El Salvador’, y también para ‘proporcionar fondos para que las agencias policiales y penitenciarias salvadoreñas los utilicen para cubrir sus necesidades de seguridad pública’.
Además, el documento estipula que ‘el Gobierno de El Salvador no transferirá ninguna parte de los fondos proporcionados bajo esta subvención a terceros ni los utilizará para ningún otro propósito’, y prohíbe su uso ‘para proporcionar recursos o apoyo a personas y organizaciones’ clasificadas por Washington como ‘responsables o cómplices’ de corrupción.
El acuerdo, gestionado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, surgió en un contexto de litigio en un tribunal federal de Columbia, donde el Departamento de Estado ha sido demandado por la Fundación RFK Human Rights, con la participación de Democracy Forward.
‘Después de que la Administración Trump-Vance insistiera en que los términos de su acuerdo con El Salvador para facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense se mantuvieran en secreto y fuera del alcance del público, nuestro equipo consiguió que se hiciera público’, destacó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado de la ONG.
Perryman expresó su decepción al afirmar que el documento ‘confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la Administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de manera significativa que las personas desaparecidas de Estados Unidos y trasladadas a la famosa prisión CECOT de El Salvador estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos’.
