El gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, a cargo del proceso judicial contra Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado, bajo la acusación de que ha utilizado su cargo para autorizar detención arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que De Moraes ha usurpado funciones de juez y jurado en persecuciones ilegales a ciudadanos y empresas tanto estadounidenses como brasileñas, señalándolo como responsable de una serie de acciones represivas, incluyendo censura y detenciones sin fundamentos jurídicos claros, afectando incluso al exmandatario Bolsonaro.
«La acción de hoy deja claro que el Tesoro continuará responsabilizando a aquellos que amenazan los intereses de Estados Unidos y las libertades de nuestros ciudadanos», indicó Bessent en una nota oficial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, basándose en una orden ejecutiva, ha decidido bloquear cualquier activo de De Moraes en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de EE.UU.
Desde su nombramiento en 2017 como magistrado del Supremo, De Moraes ha ganado gran influencia en Brasil, supervisando investigaciones importantes. Según el Tesoro, ha perseguido y reprimido a aquellos que han hecho uso de su derecho a la libre expresión, sometiéndolos a detenciones prolongadas sin cargos formales y ha lanzado ataques contra opositores políticos y medios de comunicación, especialmente en lo que concierne a X.
Además, ha sido crítico con el magistrado por ordenar la prisión preventiva y emitir múltiples órdenes de detención contra periodistas y usuarios de redes sociales, afectando incluso a residentes en Estados Unidos, y ha instruido a plataformas de redes sociales estadounidenses para que bloqueen o eliminen cientos de cuentas.
Esta sanción se produce poco después de que el Departamento de Estado cancelara el visado de De Moraes y sus familiares directos, en respuesta a las acciones judiciales impuestas a Bolsonaro relacionadas con financiación de defensas en Estados Unidos.