El Gobierno de Estados Unidos ha declarado este lunes la exclusión de ciertos individuos del sector turístico de Nicaragua, acusándolos de colaborar en la migración irregular hacia territorio estadounidense. Esta decisión se enmarca dentro de las acciones contra las políticas adoptadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las personas afectadas incluyen a propietarios y altos ejecutivos de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos, como ha informado Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos ha cancelado sus visados existentes y ha aplicado otras restricciones para impedir su entrada al país, luego de acusar a estas entidades de ofrecer servicios que facilitan la inmigración ilegal.
“Las investigaciones muestran que las entidades que estas personas representan han aprovechado las laxas políticas migratorias de la dictadura nicaragüense, lo que contribuye a la desestabilización regional y fomenta la migración ilegal hacia nuestro país”, agregó el comunicado.
Desde el Departamento dirigido por Marco Rubio, se ha justificado esta medida por las ‘graves consecuencias adversas para (su) política exterior’ y han reiterado que ‘no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional ni sus leyes de inmigración’.
El Gobierno de Donald Trump se ha mostrado ‘firmemente comprometido con la rendición de cuentas de quienes buscan lucrarse con la inmigración ilegal, desarticular las redes de tráfico de personas y proteger la integridad de las fronteras estadounidenses’, concluyó el comunicado.