La diplomacia europea ha expresado su reprobación este miércoles hacia la «aplicación de la pena de muerte como medio para reprimir la disidencia interna» en Irán, donde se han registrado «al menos 770 ejecuciones desde enero de 2025». Este pronunciamiento llega tras la ejecución el pasado sábado de Mehran Bahramian, implicado en acciones contra las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2022 tras el fallecimiento de Mahsa Amini.
«La Unión Europea insta a las autoridades iraníes a que pongan fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar condenas a muerte contra manifestantes», señala el comunicado de la portavocía de la diplomacia europea. También «pide una vez más a Irán que se abstenga de realizar futuras ejecuciones y adopte una política coherente hacia la abolición total de la pena capital».
Asimismo, el organismo liderado por Kaja Kallas ha subrayado la importancia de que Irán respete «el derecho al debido proceso de los acusados y asegure que quienes estén detenidos o encarcelados no sufran maltratos», instando a Teherán a «cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Finalmente, la Unión Europea ha reiterado «su firme oposición» a la pena de muerte, calificándola de «castigo cruel e inhumano, que no tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia y representa una negación inaceptable de la dignidad e integridad humanas».
Aunque la Unión Europea ha reportado al menos 770 ejecuciones en lo que va del año, la oficina de Derechos Humanos de la ONU ha informado a finales de agosto que Irán había llevado a cabo más de 840 ejecuciones desde enero, incluyendo 110 en julio solo, considerándolas «una herramienta de intimidación» por parte del régimen de los ayatolás.