Este martes, la Unión Europea ha instituido una nueva serie de sanciones dirigidas contra diez actores, incluyendo a siete individuos y tres entidades, por su participación en acciones de injerencia y desestabilización en Moldavia durante las elecciones y el referéndum europeo de 2024.
Entre los sancionados se encuentran personas asociadas a Ilan Shor, una figura prominente en la injerencia rusa en el país, cuyo partido fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de Moldavia. Shor fue uno de los primeros en recibir sanciones bajo este esquema que pretende neutralizar a los elementos desestabilizadores de la democracia en Moldavia.
En 2023, la UE impuso restricciones a Shor, un político y oligarca considerado el líder prorruso más influyente en Moldavia, cuya agrupación ha sido responsable de protestas que culminaron en disturbios. El Tribunal Constitucional moldavo ilegalizó su partido por violar los principios de pluralidad política estipulados en la Carta Magna del país.
En la actual ronda de sanciones, la UE ha incluido a Alexandru Beschieru, líder de Fuerza Alternativa para la Salvación de Moldavia; Victoria Furtuna, de la coalición de partidos políticos Victoria; Vadim Grozavu, de Victoria; Irina Lozovan, de Renacimiento; y Alexei Lungu y Natalia Parasca, líder y miembro del partido Oportunidad, respectivamente, entre otros.
Se les acusa de estar relacionados con los movimientos políticos sucesores del partido de Shor, ya ilegalizado, y de formar parte de una red de sobornos para manipular las elecciones presidenciales y el referéndum de 2024.
Además, la UE ha señalado a varias entidades, incluyendo A7, fundada por Ilan Shor, que junto con empresas rusas, ha sido implicada en maniobras de injerencia en Moldavia.
Con estas medidas, la UE ha extendido sus restricciones a un total de 23 personas y cinco entidades acusadas de interferir pro-rusamente en Moldavia. Este esfuerzo subraya el compromiso de la UE de fortalecer el apoyo a Moldavia, país profundamente afectado por la agresión hacia Ucrania y que enfrenta amenazas golpistas vinculadas al Kremlin desde la región separatista de Transnistria.