Una quincena de países de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía se ha sumado este viernes a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz. Este respaldo llega en plena controversia por la negativa de estos gobiernos a participar en la misión naval promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente ha afirmado que no precisa apoyo externo para mantener abierto este corredor estratégico.
Los cinco Estados europeos y Japón habían expresado ya el jueves en un comunicado conjunto su “enérgica condena” a los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo. A esa declaración se han adherido ahora Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin y Lituania.
La condena a los bombardeos dirigidos contra “instalaciones de petróleo y gas”, así como al “cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes”, se amplía de este modo hasta un total de 20 países, que se reivindican como defensores de la libertad de navegación en tanto que “principio fundamental del Derecho Internacional”.
Este respaldo coordinado a la seguridad en el estrecho de Ormuz se produce después de que algunos de los principales aliados europeos y Japón evitaran comprometerse de inmediato con las exigencias de Washington para sumarse sin demora a un despliegue naval en la zona. No obstante, Francia y Reino Unido han defendido la necesidad de mantener contactos con socios para articular un plan “creíble” que permita garantizar la estabilidad en este punto neurálgico, convertido en foco de tensión tras la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
En este contexto, el grupo de 20 países ha manifestado de forma explícita su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto y ha instado a Irán a “cesar inmediatamente sus amenazas” en torno al estrecho de Ormuz, entre ellas la colocación de minas en la ruta comercial, los ataques con drones y misiles y “otros intentos de bloquear” el paso marítimo.
La interferencia en el transporte marítimo internacional y la alteración de las cadenas globales de suministro energético “constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, advertía ya el comunicado conjunto difundido el jueves. “Pedimos una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas”, subrayaron los primeros firmantes, incidiendo en que la seguridad marítima y la libertad de navegación “benefician a todos los países” y reclamando respeto al Derecho Internacional y a la seguridad internacional.