Un total de 27 países adicionales se han adherido este domingo a la declaración difundida el pasado 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, en la que estos gobiernos manifestaban su disposición a "contribuir a los esfuerzos" destinados a garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz. Esta iniciativa se mantiene claramente diferenciada de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, que reclamaba apoyo para abrir por la fuerza este paso estratégico bajo control de Irán.
En el texto, los Estados firmantes "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo" y extienden su rechazo a los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas", así como al "cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes".
"Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", afirma esta coalición, que también reconoce el papel de los países implicados en una "planificación preparatoria" para responder a la crisis.
La declaración se hizo pública después de que Washington solicitara un despliegue naval en la zona de Ormuz, un estrecho bloqueado como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. A este pronunciamiento se han sumado ahora Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania, según ha detallado el Gobierno británico.
Ante este escenario, el grupo de países firmantes expresa en el comunicado su "preocupación" por la escalada del conflicto e insta a Irán a "cesar inmediatamente sus amenazas" en torno al estrecho de Ormuz, entre ellas la colocación de minas en la ruta comercial, los ataques con drones y misiles y "otros intentos de bloquear" el corredor marítimo.
Los gobiernos implicados insisten en que la libertad de navegación constituye un principio esencial del derecho internacional y alertan de que las consecuencias de las acciones de Irán "se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre los más vulnerables".
Subrayan, además, que la interferencia en el transporte marítimo internacional y la alteración de las cadenas globales de suministro energético "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales". "Pedimos una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas", añaden estas seis potencias, que recuerdan que la seguridad marítima y la libertad de navegación "benefician a todos los países" y reclaman respeto al Derecho Internacional y a la seguridad internacional.