El Gobierno de Venezuela ha arremetido este martes contra la ONU, a la que acusa de intentar “alinearse” con los países que más contribuyen a su presupuesto, dejando en un segundo plano la defensa “auténtica” de los Derechos Humanos. La reacción llega después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, censurase la falta de transparencia de los decretos de Nicolás Maduro sobre el estado de conmoción externa en el país.
“La falta de credibilidad del supuesto informe del Alto Comisionado sobre Venezuela, revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los Derechos Humanos para alinearse más con los intereses de potencias que condicionan su financiación a cambio de favores políticos, poniendo en riesgo los principios fundamentales establecidos en la Carta de la ONU”, ha declarado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.
En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el titular de Exteriores ha rechazado de forma “contundente” las palabras de Turk, algo que ha presentado como un “deber moral”.
El ministro ha acusado además al responsable de la ONU de que, “mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país”. “Esta situación no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional”, ha remachado Gil.
Las críticas del Ejecutivo venezolano se producen después de que el abogado austríaco cuestionara que el contenido de los decretos recientemente aprobados por Maduro sobre el estado de conmoción externa siga sin hacerse público, lo que, según advirtió, los “protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional”.
El estado de conmoción externa figura en el artículo 338 de la Constitución venezolana y puede activarse ante un conflicto externo que amenace la seguridad nacional, a la población o a las instituciones del país.
Este mecanismo concede al Ejecutivo facultades excepcionales para desplegar fuerzas militares, limitar determinados derechos civiles y ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación. El Gobierno de Caracas ha defendido su aplicación en el contexto de las tensiones regionales derivadas de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico y ante el temor a una posible intervención de Washington en territorio venezolano.
Turk ha manifestado su inquietud por “el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los Derechos Humanos” y ha reiterado su llamamiento a Estados Unidos para que “utilice métodos de aplicación de la ley establecidos para contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas”.
Asimismo, el Alto Comisionado ha informado de que “ya no tengo ningún tipo de plantilla o personal internacional en el país” y ha señalado que “hemos hecho todos los esfuerzos posibles” para seguir presentes en Venezuela, “solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero sin éxito”.