El Gobierno de Venezuela ha denunciado este lunes la "inacción" de la comunidad internacional ante la "agresión" de Estados Unidos, estableciendo un paralelismo con la política de apaciguamiento frente a la Alemania nazi de Adolf Hitler.
"En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes, el holocausto y una guerra mundial. Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma", ha señalado una carta enviada a todos los países del mundo y leída este lunes por el ministro de Exteriores, Yván Gil, durante una comparecencia ante los medios.
Caracas advierte de que "si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de Estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles".
Según el Ejecutivo venezolano, estas actuaciones de Washington provocan además "inestabilidad" en los mercados internacionales que "golpeará a las economías de todo el mundo", "especialmente en los países más vulnerables".
El documento apunta igualmente a efectos ambientales, ya que "afectarán el suministro de petróleo y energía e incrementarán las emisiones de petróleo". La estrategia de "piratería estatal" atribuida a Estados Unidos constituye, a juicio de Caracas, "una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global". "La energía no puede convertirse en arma de guerra", ha insistido Gil.
Ante este escenario, Venezuela llama a los gobiernos del planeta a "que condenemos juntos explícitamente estas acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales". "Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados", ha reclamado el ministro. "Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo", ha enfatizado.
La misiva detalla cronológicamente la "escalada" de Estados Unidos contra Venezuela, mencionando el despliegue de un amplio dispositivo militar en el Caribe, las operaciones contra supuestas narcolanchas que han dejado más de un centenar de muertos y, finalmente, la interceptación de petroleros cargados con crudo venezolano.
Los dos buques intervenidos transportaban alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo, confiscados, según Caracas, en contra de resoluciones de la ONU, la Convención Sobre la Alta Mar y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
Respecto a las acciones de las fuerzas estadounidenses, el texto habla de la "ejecución extrajudicial" de 104 personas, "muchas de ellas en condición de naufragio", vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra. "No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional", ha remarcado el Gobierno venezolano.
En relación con el despliegue naval y aéreo iniciado el 14 de agosto, que incluye un submarino nuclear, Caracas sostiene que supone "una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por la Carta de Naciones Unidas" y una violación del Tratado de Tlatelolco, que declara América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. "Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar", ha concluido.