El Gobierno de Venezuela ha comunicado este lunes que el Poder Judicial del país concedió la semana pasada “medidas alternativas” a la privación de libertad a 51 personas, ya sea procesadas o condenadas por “delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, a petición del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Según un comunicado difundido por la cadena venezolana VTV, el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz planteó “evaluar el otorgamiento” de “medidas alternativas a la privación de libertad” para “un conjunto de personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezonalo”.
Esta iniciativa fue respaldada por el Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela, que el pasado 16 de abril solicitó a los órganos de justicia la aplicación de dichas medidas, “acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha”.
En coherencia con esta decisión, el Ejecutivo venezolano reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones dirigidas a “generar las condiciones que favorezcan el reencuentro” entre la población y a reforzar el tejido social de la Nación, “como requisito indispensable para la consolidación de la paz y la preservación de la soberanía nacional”.
De acuerdo con los datos más recientes de la ONG Foro Penal, en la actualidad al menos 473 personas permanecen privadas de libertad en el país por motivos políticos.
Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este domingo que “más de 8.000” ciudadanos se han visto favorecidos por la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración.