El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha defendido que el país abandone el Tribunal Penal Internacional (TPI) mediante un proyecto de ley que se someterá a aprobación definitiva este jueves, alegando la «inacción» del organismo frente al «genocidio» contra el pueblo palestino y frente a los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe, que ya han causado más de 80 muertos.
Durante la discusión en la Asamblea Nacional de la «Ley en Defensa de Palestina y de la Humanidad», que contempla la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma, Rodríguez ha sostenido que «Si nos quedamos ahí (en el TPI), estaríamos revictimizándonos».
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) ha argumentado que la decisión se basa en «el vasallaje, la hipocresía y la inacción» del tribunal ante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, una campaña que, en algo más de dos años, ha provocado la muerte de cerca de 72.000 personas.
Según un comunicado difundido en la página web del Parlamento, Rodríguez ha calificado de inadmisible que Venezuela continúe vinculada al TPI: «Es un insulto para el gentilicio venezolano pertenecer a ese organismo internacional por su inacción. Qué es lo que se ha hecho? Es una bofetada a nuestra condición libertaria, que nosotros sigamos asumiendo que esos pueden ser jueces nuestros. Es un insulto, yo me siento insultado si nos quedamos en ese bendito Estatuto de Roma».
Rodríguez también ha hecho hincapié en que la corte no se haya pronunciado «absolutamente nada sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe por parte del imperialismo norteamericano», desde que en septiembre pasado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaran bombardeos contra embarcaciones en estas aguas y en el Pacífico, bajo el argumento de una supuesta operación antidroga, en la que ya habrían muerto 87 personas.
En la misma intervención, ha reprochado al TPI su silencio sobre las sanciones de Washington y el bloqueo económico contra Venezuela, que, de acuerdo con un estudio de 2017 citado por Rodríguez, habrían provocado el fallecimiento de 40.000 venezolanos.
El dirigente parlamentario ha recordado que, tras la petición formal del Legislativo venezolano para que el TPI abriera un expediente por los efectos «devastadores» de estas medidas coercitivas, «¿cuál fue su respuesta? Se volvieron a tragar sus lenguas».