La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este domingo la disolución de siete organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia, un departamento que será objeto de una “reorganización”, dentro del paquete de cambios impulsados por Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
“Este decreto tiene por objeto la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos”, reza el documento firmado por Rodríguez y difundido por la Gaceta oficial venezolana.
En el texto, el Ejecutivo subraya que “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos” venezolanos.
El decreto alcanza a siete organismos: la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la Fundación Propatria 2000, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS).
Las tareas de estas instituciones —creadas entre 2000 y 2016— pasarán a otras misiones del propio ministerio, a compañías públicas o al Ministerio de Exteriores, según recoge la Gaceta, que fija en 90 días “el proceso de supresión y liquidación”.
La ejecución del cierre quedará en manos de una junta compuesta por un presidente y seis integrantes nombrados por el titular de la Presidencia, el capitán Juan Escalona, que asumirán de forma conjunta la “dirección, administración y representación legal” de los entes afectados.
Tras conocerse la decisión, el partido opositor Primero Justicia ha exigido que “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” sea “un proceso real” y ha reclamado que “se de a conocer cada paso del proceso de liquidación”. “Los venezolanos tenemos el derecho de acceder a la información emanada de los organismos públicos”, ha defendido la formación en redes sociales.
“Este es un paso que nos acerca a la consolidación de la transición”, ha añadido Primero Justicia, que ha insistido en que un elemento “fundamental” para avanzar en el camino democrático es “la reinstitucionalización”.