La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este lunes en Bruselas que Hungría “regrese” al rumbo marcado por la Unión Europea tras la victoria electoral del líder opositor, Péter Magyar, frente al hasta ahora primer ministro, Viktor Orbán. Al mismo tiempo, ha instado a aprovechar este cambio político para impulsar una reforma de las normas de política exterior de la UE que impida que un único gobierno pueda volver a imponer “bloqueos sistemáticos” en el futuro.
“Hay mucho trabajo por hacer ahora que Hungría vuelve a la senda europea. Pero creo que también deberíamos mirar las lecciones aprendidas dentro de la Unión”, ha señalado en rueda de prensa, aludiendo al derecho de veto derivado de la exigencia de unanimidad entre los Veintisiete en las decisiones de política exterior. Esta regla ha permitido a Budapest en los últimos años frenar sanciones contra Rusia o retrasar un mayor apoyo a Kiev frente a la invasión ordenada por Vladimir Putin.
En esta línea, la jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido en que el bloque debe “avanzar hacia la mayoría cualficada” en la adopción de decisiones en el ámbito exterior, como “un paso importante para evitar bloqueos sistemáticos como los que hemos visto en el pasado”. No obstante, la dirigente conservadora alemana ha evitado citar expresamente a los gobiernos que, como el del ultranacionalista Orbán en Hungría o el de Robert Fico en Eslovaquia, han obstaculizado acuerdos a Veintisiete.
Bruselas ya había defendido antes este cambio. En 2018 trató de convencer a los Estados miembro de abandonar la regla de la unanimidad que rige la Política Exterior y de Seguridad Común en cuestiones clave, como la aprobación de sanciones o la puesta en marcha de misiones europeas. La propuesta no prosperó por las reticencias de varios gobiernos, pese al respaldo del entonces alto representante de la UE, Josep Borrell, y de países como España, Alemania e Italia.
El Tratado de Lisboa contempla una cláusula pasarela que permitiría pasar a la mayoría cualificada en determinadas decisiones de política exterior, pero para activar este mecanismo es imprescindible, paradójicamente, el apoyo unánime de los Veintisiete a dicho cambio.
En cualquier caso, Von der Leyen se ha limitado a reabrir el debate sin presentar una iniciativa concreta ni un calendario definido. En paralelo, en las últimas semanas el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha defendido la necesidad de acometer esta reforma antes de que concluya la actual legislatura comunitaria, es decir, en 2029.
Comenzar a cooperar “cuanto antes” con el nuevo Ejecutivo húngaro
Sobre las consecuencias inmediatas del relevo político en Budapest, Von der Leyen ha evitado pronunciarse sobre si confía en un desbloqueo rápido del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev y del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambos vetados hasta ahora por Orbán. Sí ha expresado su deseo de poder empezar a “trabajar cuanto antes” con el gabinete que forme Péter Magyar en estos expedientes “y muchos otros”.
“Hoy Europa es húngara sin ninguna duda. Los ciudadanos húngaros han hablado y han reclamado su camino europeo, es una victoria de las libertades fundamentales”, ha afirmado Von der Leyen, antes de elogiar el empuje “valiente” de la sociedad húngara que ha hecho posible el cambio político.
La deriva antidemocrática del Ejecutivo de Orbán y su aproximación a Moscú habían deteriorado profundamente las relaciones de Hungría con las instituciones comunitarias y con la mayoría de capitales del bloque. Sin embargo, los socios no consiguieron avanzar en el procedimiento del artículo 7 de los Tratados, que habría permitido —si se alcanzaba la unanimidad— suspender el derecho de voto de Budapest en caso de constatar un riesgo sistémico para el Estado de derecho en la Unión.
Ante reformas que afectaban a la independencia judicial o a los derechos del colectivo LGTBI, la Comisión optó por congelar hasta 18.000 millones de euros en fondos de cohesión y recursos del plan de recuperación postCOVID asignados a Hungría. Estas partidas siguen bloqueadas y el futuro gobierno de Magyar deberá comprometerse con reformas concretas que reconduzcan al país hacia los estándares democráticos de la UE si quiere que se liberen estos fondos. También permanece pendiente el préstamo de 17.000 millones de euros destinado al plan de defensa húngaro en el marco del fondo para compras conjuntas de material militar, conocido por el acrónimo SAFE.