El recién electo fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, ha informado el jueves sobre la presentación de una demanda contra la Administración Trump. La acusación se centra en una supuesta violación de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973, tras la movilización de aproximadamente 2.300 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad, acción descrita como ilegal.
La ocupación militar forzosa en el Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades fundamentales. Debe terminar. DC no solicitó ni consintió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, ha manifestado Schwalb en una declaración.
Schwalb ha explicado que la Administración Trump concedió a estos miembros de la Guardia Nacional la capacidad de ejecutar órdenes judiciales, efectuar arrestos, portar armas y realizar patrullajes en áreas residenciales.
No hay una fecha clara para el fin de este despliegue ilegal: más tropas han llegado a DC esta semana, ha criticado Schwalb, y ha añadido que si estos efectivos se retiran, podrían volver a ser desplegados en cualquier momento.
Schwalb ha remarcado que las unidades de la Guardia Nacional actúan sin autoridad para hacer cumplir la ley. Crean confusión, siembran el miedo, erosionan la confianza, inflaman tensiones y dañan la relación crucial entre la Policía y las comunidades a las que sirven.
Además, ha subrayado que el despliegue no solo socava la seguridad pública de Washington DC, sino que también afecta negativamente la economía y perjudica a sectores vitales como el turismo, especialmente a restaurantes y hoteles.
El envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional fue justificado por el presidente Donald Trump como una medida necesaria para controlar una criminalidad supuestamente alta, aunque la alcaldesa, Muriel Bowser, ha sostenido que no existen datos oficiales que lo confirmen.
La demanda se ha presentado luego de que un juez federal de California determinara que la Administración Trump infringió una ley del siglo XIX, conocida como Posse Comitatus, que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para asuntos internos de seguridad, después del envío de miembros de la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles para contener protestas contra las redadas migratorias.
Trump afirmó que la Guardia Nacional podría actuar en Chicago, Illinois, en Baltimore, Maryland, y en Nueva Orleans, Luisiana. Tengo una obligación de proteger a este país, declaró.