La red social X ha calificado este martes de “abusivo” el registro llevado a cabo en sus oficinas de París y ha defendido que las acusaciones dirigidas contra la compañía son “infundadas”, después de que se abriera una investigación por la difusión de contenido pornográfico y negacionista generado con Inteligencia Artificial en la plataforma.
“Las acusaciones que sustentan la redada de hoy son infundadas y X niega categóricamente cualquier irregularidad”, ha señalado la plataforma en un mensaje publicado en redes sociales en el que agrega que se trata de una “investigación criminal politizada”. En la misma comunicación, la empresa sostiene que todo responde a un “teatro policial” orquestado para “lograr objetivos políticos ilegítimos”.
Según X, “La Fiscalía de París claramente intenta presionar a la alta dirección de X en Estados Unidos al atacar a nuestra entidad y empleados franceses, quienes no son el foco de esta investigación”. La compañía denuncia así que las autoridades judiciales estarían utilizando a su filial en Francia como vía de presión hacia su cúpula en Estados Unidos.
La Fiscalía de París ha citado a declarar el próximo 20 de abril a Elon Musk, propietario de X, y a la consejera delegada de la empresa, Linda Yicarino, además de a varios empleados de la plataforma “en calidad de testigos”, en el marco de las pesquisas abiertas sobre el funcionamiento del servicio.
La investigación se puso en marcha tras varias denuncias recibidas el pasado 12 de enero, relacionadas con una posible manipulación del algoritmo de X para dar mayor visibilidad a ciertos contenidos. “La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual”, señala la Fiscalía francesa.
Paralelamente, la Comisión Europea anunció la semana pasada la apertura de un expediente de investigación formal contra X por las imágenes sexuales 'deepfake' creadas sin consentimiento mediante Grok y por otros contenidos problemáticos, que Bruselas sospecha que vulneran la normativa europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).