La ex primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General contra los principales organismos anticorrupción del país por un presunto delito de prevaricación, al considerar que se han utilizado “pruebas falsas” en su contra en un procedimiento por supuesta compra de votos en el Parlamento. “Es imposible encontrar justicia en el país”, ha lamentado.
Según ha explicado, los tribunales han desoído los argumentos planteados frente a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), a las que responsabiliza de haberla sentado en el banquillo “a sabiendas de su inocencia mediante la falsificación de pruebas”.
“Desafortunadamente, en la Ucrania moderna, la represión contra la oposición continúa. Es sucia y fraudulenta. Pero todos entienden quiénes son los criminales y quiénes han defendido los intereses del país durante tantos años”, ha manifestado Timoshenko, que denuncia una campaña dirigida contra ella y otros opositores.
La ex jefa de Gobierno ha adelantado igualmente que piensa recurrir la resolución judicial dictada este miércoles, por la que se ordena el embargo de parte de su patrimonio. “Lo impugnaremos”, ha asegurado en un comunicado difundido tras conocerse la decisión.
Las acusaciones contra Timoshenko se basan en unas grabaciones de audio que las agencias anticorrupción interpretan como prueba de que habría ofrecido hasta 10.000 dólares mensuales a diputados del partido Servidor del Pueblo, formación del presidente Volodimir Zelenski. “Se suponía que los parlamentarios recibirían instrucciones sobre cómo votar y sobre cómo abstenerse”, sostuvieron los investigadores al hacer públicas sus conclusiones.
Timoshenko, que ocupó brevemente la jefatura del Gobierno en 2005 y posteriormente entre 2007 y 2010, además de liderar el partido Patria, ha rechazado de plano estos señalamientos y sostiene que las grabaciones difundidas no guardan relación con ella. En esos audios se describiría, por ejemplo, cómo habría dado directrices a varios diputados sobre el sentido de su voto en una nueva tanda de nombramientos, entre ellos los nuevos ministros de Defensa y de Energía.
La veterana política ha enmarcado todo el proceso en una estrategia de persecución política destinada, según su versión, a impedir que pueda concurrir a las próximas elecciones en Ucrania, aún sin fecha mientras continúe la guerra con Rusia.