Después de extensas discusiones, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han logrado un acuerdo crucial en el trílogo del paquete vino, que proveerá a los viticultores de España y del resto de Europa con los recursos necesarios y medidas específicas para manejar la crisis del sector y mejorar su competitividad.
Esther Herranz García, ponente del Parlamento Europeo, ha expresado su complacencia con el resultado alcanzado y ha declarado que “estamos proporcionando al sector herramientas para hacer frente a la profunda crisis que está experimentando. Incluyen medidas para regular la oferta en línea con la demanda, como la opción de financiar medidas de arranque con fondos europeos, garantizando así la igualdad de oportunidades para los viticultores en los diferentes Estados miembros”.
FONDOS Y REPARTO DE FINANCIACIÓN
El consenso logrado establece que las contribuciones de fondos europeos y nacionales pueden alcanzar hasta el 90% para los operadores más pequeños y hasta el 80% para las empresas más grandes. Esto cubrirá costos en publicidad, eventos, ferias y estudios, con un plan de financiación que puede extenderse hasta 3 años, con posibilidad de renovación por hasta 9 años.
Se garantiza también que los Estados miembros faciliten a los pequeños operadores el acceso a estos fondos. Además, ahora se permitirá el uso de fondos de la UE para medidas de crisis, incluyendo aquellas previamente excluidas, asegurando así la igualdad de oportunidades para todos los viticultores, independientemente de los fondos nacionales.
FLEXIBILIDAD Y MEDIDAS ADICIONALES
En situaciones de desastres naturales o condiciones meteorológicas extremas, así como en casos de enfermedades o plagas, los viticultores tendrán un año adicional para plantar o replantar viñas, garantizando la continuidad de la producción en las regiones clave de España.
El acuerdo también fomenta la innovación y la captación de nuevos consumidores, como por ejemplo, permitiendo que los vinos con hasta 0,05% de alcohol se etiqueten como “sin alcohol” y aquellos con 0,5% o más, con una reducción mínima del 30% en su contenido original, como “alcohol reducido”.
Herranz resaltó que “estas normas permitirán a las bodegas españolas adaptarse a nuevas demandas de los consumidores y ampliar su oferta sin perder calidad ni reconocimiento de sus marcas”.
El acuerdo provisional aún necesita la aprobación formal del Parlamento y el Consejo, pero una vez ratificado, estas medidas y fondos se implementarán desde el comienzo de la próxima cosecha, permitiendo a España, como uno de los principales productores europeos, aprovechar completamente estas herramientas.
“Hemos cumplido nuestro objetivo de ofrecer al sector condiciones justas y estables, reforzando su capacidad para superar la crisis, proteger nuestra tradición vitivinícola y mantener la competitividad de los vinos españoles en Europa y el mundo”, concluyó Herranz.