El Parlamento de La Rioja ha decidido hoy no admitir a trámite la proposición de Ley del Tercer Sector registrada por el PSOE, al ser rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, y la abstención de Podemos-IU. El Gobierno riojano ya había emitido previamente un informe desfavorable sobre este texto.
El portavoz socialista, Javier García, ha iniciado la discusión parlamentaria subrayando que esta norma pretendía "ser la voz de esas entidades que, día a día, llegan a donde la administración publica no lo hace".
Ha reivindicado a estas organizaciones al recordar que "son quieren cuidan de nuestros mayores, luchan contra la exclusión y la pobreza; entidades a caballo entre lo publico y lo privado pero que siempre satisfacen intereses generales".
García ha explicado que la iniciativa legislativa "obliga a garantizar una financiación estable, para que las entidades no estén mirando al calendario" y contempla también la "elaboración de un plan estratégico" para el sector.
Ha defendido que la propuesta se impulsaba desde una oposición constructiva: "Hemos venido a construir, los riojanos nos pusieron en la oposición y desde la oposición se pueden hacer cosas y eso queremos, hacer propuestas que mejoren la vida de la gente".
La diputada de IU, Henar Moreno, ha coincidido en poner en valor el papel del tercer sector, dado que "llegan a las personas a las que las administraciones han dejado de lado".
No obstante, ha calificado de "chocante" que se plantee una ley para regular lo que estas entidades ya se ven "obligadas a hacer por abandono" de los poderes públicos; y ha estimado necesario precisar mejor la definición de tercer sector, reclamando "afinando bien" y no en los términos en que lo hace esta proposición.
Desde Vox, Hector Alacid ha interpretado la iniciativa como un "avance a un modelo más intervencionista y menos eficiente". Asimismo, ha advertido de que no se puede "aceptar que bajo el paraguas de la ayuda social se promueva adoctrinamiento".
En su intervención, ha añadido que la propuesta "no es eficiente" y "consolida un gasto público estructural" cuando su formación aboga por un "modelo basado en resultados".
Por parte del Partido Popular, la diputada Maria Teresa Antoñanzas ha comenzado resaltando que las organizaciones sociales son "un pilar fundamental" y "atienden a quien más necesita".
Ha puntualizado que "hoy no debatimos si creemos en el tercer sector; lo apoyamos en el trabajo diario", recordando que ya existe un registro autonómico de entidades sociales y una Mesa de Dialogo Civil como espacios de coordinación.
Según Antoñanzas, lo necesario en este momento es "apoyo, no mas burocracia", porque, a su juicio, la nueva regulación "no ayuda, dificulta su trabajo" y por ello el Partido Popular ha votado en contra de la proposición.
En su turno final, García ha lamentado el rechazo a lo que ha descrito como "un borrador, no un texto definitivo", que, a su entender, podría haberse mejorado con aportaciones de todos los grupos y "que mejoraría la vida de los que peor lo pasan".