La Ley de Simplificación avanza tras tumbarse la enmienda de IU por temor a falta de control

El Parlamento riojano rechaza la enmienda de IU y permite que la Ley de Simplificación Administrativa siga su tramitación pese a las críticas por falta de control.

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La Ley de Simplificación avanza tras tumbarse la enmienda de IU por temor a falta de control

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El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa impulsado por el Gobierno de La Rioja continuará su tramitación en el Parlamento autonómico después de que todos los grupos rechazasen la enmienda a la totalidad registrada por IU, que advertía de una posible ausencia de control.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido la norma con la idea de “convertir a La Rioja en una de las comunidades más ágiles”.

“Necesitamos cambiar de raíz” la gestión de trámites administrativos “para que sea más ágil, más eficiente, más eficaz y, sobre todo, más proactiva y más empática con todos y cada uno de los ciudadanos”, ha señalado en el pleno.

Ha explicado que la ley generaliza el silencio administrativo positivo como regla básica de actuación en los procedimientos.

“Si la Administración pública no responde en tres meses, tiempo ha tenido. El ciudadano debe poder hacer lo que ha solicitado a la Administración pública”, ha subrayado.

Según ha indicado, se pretende “agilizar la tramitación de procedimientos administrativos sustituyendo las solicitudes de licencias y autorizaciones por declaraciones responsables que permiten iniciar las actividades administrativas y económicas con mucha mayor facilidad”.

Ha detallado también que se busca “reducir los tiempos de respuesta obligatorios de la Administración Pública entre todos los procedimientos a la regla general de tres meses para la generalidad de todos los procedimientos”.

Asimismo, ha apuntado que “todas las iniciativas de inversión que ya cuenten con una autorización de otra Administración pública serán automáticamente autorizadas” en La Rioja.

“Todo ello será en nuestro proceso de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa. Solo necesitamos una cosa, esta ley”, ha rematado dirigiéndose a los diputados regionales.

Desde el grupo proponente de la enmienda a la totalidad, el parlamentario de IU Carlos Ollero ha sostenido que el texto se apoya en un supuesto 'dumping regulatorio' y en la merma de los controles públicos. “No va servir para mejorar el contacto con la ciudadanía ni reducir la burocracia”, ha asegurado.

En su intervención ha descrito la iniciativa como “una norma muy similar a la presentada en otras comunidades como la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, inspirada en principios neoliberales”.

A su entender, implica una “privatización de servicios y desregulación mercantil, así como debilitar a la Administración pública”.

Ha advertido también de que “una generalización del silencio administrativo puede convertir la inacción de la Administración ante cualquier planteamiento de empresas autorizaciones tácitas sin control previo”.

Además, ha criticado que “plantea la incorporación de entidades privadas certificadoras”, lo que, “cuando se lleve a cabo supondrá la pérdida de empleo público necesario y cualificado”.

En resumen, ha definido el proyecto como “un proyecto dominado por las grandes empresas que debilita la Administración pública que reduce los derechos de la ciudadanía”.

La diputada del PP Begoña Martínez ha rechazado la enmienda de IU defendiendo que la ley “nace por la necesidad de que la administración esté al servicio del ciudadano”.

“Y estarlo es hacer la vida más fácil”, ha afirmado, reprochando a IU que haya presentado una enmienda de devolución al Ejecutivo riojano desde un “sesgo ideológico”, porque “ha leído entidades colaboradoras y ha desplegado toda su artillería contra la iniciativa privada”.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha admitido que su formación no comparte completamente el contenido del proyecto, pero ha considerado que la enmienda a la totalidad no introducía mejoras ni elementos constructivos.

En la misma línea, la socialista María Somalo ha votado en contra de la enmienda de Izquierda Unida, aunque ha descrito el texto legislativo como un “texto neutro”. Ha recordado que el plazo de tres meses ya está contemplado en la normativa estatal.

A su juicio, queda aún un largo recorrido en materia de simplificación administrativa. “Pero claro, corremos un riesgo y es que detrás de la normativa esté sólo apuntarle un tanto”, ha advertido.