El Parlamento de La Rioja ha dado luz verde hoy a una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox, en la que se reclama a la ministra de Sanidad, Mónica García, una “escucha activa” con el fin de “resolver los problemas de los profesionales sanitarios”.
La propuesta, que para el Grupo Socialista y el Grupo Podemos-IU no ha resultado “creíble”, plantea “consensuar con todas las partes implicadas un nuevo Estatuto Marco” para el conjunto del personal sanitario.
La portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, ha acusado a la ministra de Sanidad de “dejación de funciones” que ha tenido “tristes consecuencias”. Ha subrayado que, en La Rioja, la última semana de huelga médica se ha saldado con 8.980 consultas anuladas, 49 operaciones suspendidas y 200 pruebas diagnósticas pospuestas.
“Las consecuencias están recayendo directamente en nuestro sistema de sanidad, incrementándose las listas de espera, pero también desde el punto de vista económico”, ha denunciado Maiso durante su intervención en el pleno.
Vox ha apoyado la iniciativa aunque, en palabras de Héctor Alacid, ha reprochado que se quede “corta” porque no se atreve a “dar el paso” de reclamar un estatuto específico para el colectivo médico.
Desde la oposición, PSOE y Podemos-IU han recordado al PP que ya existe un acuerdo con la mayoría de profesionales sanitarios, como enfermeras o técnicos, del que sólo se han desmarcado los médicos. El diputado de IU Carlos Ollero ha considerado que la proposición resta “legitimidad” a los acuerdos alcanzados por la ministra con los sindicatos. “Esta PNL”, ha señalado, “pretende apoyar a los médicos en sus peticiones singulares y obviar al resto”.
Para Alacid, “esta propuesta se queda corta por miedo a no contentar a todos”, cuando “los médicos lo que quieren es un estatuto propio”.
El socialista Miguel González de Legarra ha defendido que “el sistema no se puede construir sobre un colectivo, al dictado de una voz por muy relevante que sea”. Tras acusar a los ‘populares’ de poner “en riesgo” el sistema sanitario, ha defendido que “el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer, un proceso de negociación para un estatuto marco”.
Además, ha remarcado que “la mayoría de problemas dependen de las comunidades autónomas”, cuestionando “qué está haciendo el Gobierno de La Rioja”.
Contenido de la proposición no de ley
Mediante esta proposición no de ley, el Parlamento riojano insta al Ejecutivo autonómico a que, a su vez, requiera al Gobierno central trabajar, con una coordinación real y efectiva, junto a los representantes de los profesionales sanitarios y en consenso con todas las comunidades autónomas.
El propósito es ejercer esa escucha activa y mostrar voluntad de cooperación para rebajar la crispación y acordar con todas las partes un nuevo estatuto marco que aporte soluciones a las necesidades actuales y futuras del sistema.
La iniciativa también reclama la presentación de memorias técnicas, jurídicas y económicas que avalen cada cambio sobre el estatuto marco vigente, garantizando una financiación realista y adecuada que permita una aplicación efectiva y tangible de la nueva norma.
Asimismo, plantea impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que incluya un apartado sanitario específico, con el fin de asegurar los recursos necesarios para una asistencia de calidad, cohesionada, equitativa, segura y sostenible en todo el Sistema Nacional de Salud.
Otro de los puntos es la creación de una mesa de diálogo y representación, tanto a nivel estatal como autonómico, en la que se reconozca la singularidad, la formación y la responsabilidad de los médicos, y que dicha mesa figure de forma específica en el futuro estatuto.
Se propone también abordar una clasificación profesional que ponga en valor la formación, la capacitación y las responsabilidades que asumen los médicos en su labor diaria, diferenciando y reconociendo de forma clara el papel del facultativo.
La PNL incluye, además, la presentación de un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que adapte las plantillas del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas cambiantes, con especial foco en la Atención Primaria, donde el Ministerio de Sanidad reconoce un déficit actual de 4.500 especialistas, que podría alcanzar los 5.000 en 2029.
El texto plantea incrementar en un quince por ciento las plantillas de médicos del Sistema Nacional de Salud para reducir el número de guardias, mejorar la conciliación y hacer posible una disminución real de la jornada laboral.
También se exige una oferta MIR dinámica y ajustada a las necesidades, con un aumento anual sostenido de plazas y un sistema de adjudicación y evaluación que evite “el caos que los aspirantes están viviendo este año”.
Por último, se reclama flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más tensionadas, como medicina familiar y comunitaria y pediatría, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.