El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con los votos del Partido Popular y de Vox, una proposición no de ley registrada por el Grupo Podemos-IU que reclamaba “desarrollar el reglamento y la normativa de la Ley contra la Violencia de Género”; una decisión que su portavoz, Henar Moreno, ha tildado de “prevaricación administrativa”.
Moreno ha abierto el debate recordando las diez mujeres asesinadas en el 2026 y los tres menores víctimas de violencia vicaria, citando uno a uno sus nombres. Ha subrayado que la semana pasada fue “trágica”, con cuatro mujeres asesinadas y una víctima de violencia vicaria, y ha insistido en que “algo está pasando” cuando, en apenas mes y medio, se asesina a diez mujeres y tres niños.
La parlamentaria de Podemos-IU ha remarcado que “sin vida no hay igualdad, y sin miedo a que asesinen a nuestras hijas e hijos no hay igualdad”, y ha denunciado otras formas de discriminación, como la violencia institucional. A su juicio, “cuando van a poner una denuncia y no tienen la atención especializada; cuando van a ser atendidas en un centro sanitario y no se les atiende por profesionales formadas, todo eso también es violencia”.
En este contexto, ha puesto el foco en la “educación en los centros educativos” para explicar “algo tan básico como qué es el feminismo”, porque, ha dicho, “los jóvenes y las jóvenes tienen que saber que el feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad, que no es la opresión hacia el hombre hacia lo masculino”.
El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha considerado que la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja ejemplifica, a su juicio, la voluntad del Partido Popular de intentar contentar a todos, ya que “no se atreven a derogarla pero tampoco la desarrollan”. Ha calificado la iniciativa de IU como una “imposición ideológica que pretende redefinir los conceptos de la propia naturaleza humana. Políticas que no buscan la igualdad real sino la imposición de una visión concreta del ser humano”.
Alda ha defendido el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus principios y a que el Estado no intervenga en forma de adoctrinamiento. Ha reiterado que “la violencia no tiene género” y ha criticado que la Ley regional contra la Violencia de Género sea un ‘copia-pega’ de la normativa estatal, que, según ha dicho, “no ha reducido el número de víctimas”.
Por parte del Grupo Socialista, Maria Victoria del Vigo ha incidido en que la iniciativa se limita a “cumplir una ley”. Ha recalcado que, para el Partido Socialista, “sin igualdad no habrá garantías de democracia”. En su intervención, ha asegurado que “la única manera de combatir el patriarcado estructural es con más feminismo, que no es otra cosa que igualdad”, y ha lamentado que “no puede ser que diez mujeres hayan sido asesinadas en lo que llevamos de año por violencia machista; por esa violencia que es por el hecho de ser mujer y entre todos debemos avanzar contra esta cruel desigualdad”.
Desde el Partido Popular, Maria Teresa Antoñanzas ha precisado que la norma “tiene seguimiento anual y los informes se remiten a este Parlamento”, por lo que, ha defendido, sí existe desarrollo y “lo que no hay es improvisación”. Ha querido “dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular cumplió plenamente el objetivo de avanzar en igualdad real y de reforzar la protección de las mujeres”.
Antoñanzas ha matizado que “en eso no hay fisuras, ahora bien, compartir el objetivo no quiere decir compartir el enfoque”. Ha argumentado que “las políticas públicas en materia de igualdad no se construyen a golpe de iniciativas puntuales, ni mediante la acumulación de propuestas poco concretas que en muchos casos ya están en marcha o requieren un análisis técnico más serio”.
La diputada del PP ha justificado el voto en contra porque, a su juicio, la proposición “reúne medidas de naturaleza muy distintas, fija plazos cerrados y formula compromisos que en algunos casos ya están desarrollados por el Gobierno de La Rioja y, en otros, necesitan un análisis técnico más riguroso”.
Contenido de la proposición no de ley
El texto de la proposición no de ley instaba al Parlamento de La Rioja a requerir al Gobierno regional el desarrollo del reglamento y la normativa sectorial de la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja, en un plazo máximo de seis meses. Además, reclamaba que se declarase la erradicación de la violencia machista como una prioridad política transversal y urgente, con mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas ante la Cámara autonómica.
La iniciativa incluía también la petición de desplegar íntegramente, en el mismo plazo de seis meses, la Ley 7/2023, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, que contempla medidas y recursos para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género.
Asimismo, proponía ampliar de forma inmediata el horario de atención presencial del “Centro de Crisis 24 horas”, de acuerdo con su denominación, con el fin de asegurar una atención adecuada y la presencia de personal especializado que garantice a las víctimas de violencia de género un servicio continuado y de calidad.
Otro de los puntos exigía garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo y el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 1/2023, de manera que la prestación se ofrezca en la red sanitaria pública riojana con personal suficiente y una organización que evite demoras injustificadas. Se pedía asegurar la disponibilidad real de los métodos farmacológico e instrumental y evitar derivaciones sistemáticas fuera de la comunidad autónoma.
La proposición contemplaba, además, asegurar un servicio de ayuda a domicilio suficiente, accesible y de calidad en todo el territorio, suprimiendo las listas de espera para su acceso y reforzando los recursos de apoyo a las familias con especiales dificultades de cuidado.
Por último, el texto planteaba que en todas las contrataciones públicas y subvenciones autonómicas se introdujeran cláusulas de igualdad y corresponsabilidad, valorando la estabilidad en el empleo, la formación, las medidas antiacoso y las políticas de conciliación.