La equiparación de la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve al centro del debate político y social en España, pero con dos realidades muy distintas según el territorio. Mientras en Baleares una Iniciativa Legislativa Popular ya ha superado el primer filtro institucional y se prepara para la recogida de firmas, en el País Vasco el movimiento pensionista denuncia el bloqueo de una ILP similar pese a haber reunido un apoyo ciudadano masivo.
Baleares: una ILP en marcha y 7.500 firmas como objetivo
La Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques prevé iniciar en dos o tres semanas la recogida de las 7.500 firmas necesarias para que el Parlament de les Illes Balears debata su ILP. La iniciativa plantea crear un sistema balear de complemento de pensiones que garantice a todas las personas pensionistas mayores de 60 años, residentes y empadronadas en las islas, unos ingresos mínimos equivalentes al 100% del SMI.
Actualmente, el SMI se sitúa en 1.184 euros brutos en 14 pagas, y el Gobierno ha propuesto elevarlo en 2026 hasta 1.221 euros (+3,1%), sin tributación en el IRPF.
Según datos de la propia coordinadora, cerca de la mitad de los pensionistas baleares cobra menos de 1.000 euros mensuales, en su mayoría mujeres; uno de cada cuatro no alcanza los 720 euros y el 17% percibe menos de 527 euros, a lo que se suman las pensiones no contributivas.
La ILP fue registrada el 10 de septiembre y admitida a trámite un mes después. Desde entonces, la coordinadora -integrada por plataformas de pensionistas de las cuatro islas, sindicatos como CGT y CNT, asociaciones vecinales y colectivos sociales- ha recorrido más de treinta municipios para explicar la propuesta y recabar apoyos. “Esperamos empezar a recoger firmas la primera semana de febrero y superarlas con holgura”, señala Pep Juárez, portavoz del colectivo.
País Vasco: más de 145.000 firmas y ninguna votación
El contraste es evidente en Euskadi. El movimiento pensionista vasco denuncia que una ILP para igualar las pensiones mínimas al SMI, respaldada por más de 145.000 firmas, ha quedado bloqueada y ni siquiera ha llegado a debatirse en el Parlamento Vasco.
Así lo ha denunciado Sole Aguirre, portavoz de Txingudiko Pensionistas, quien acusa al Gobierno Vasco de vulnerar la democracia participativa. “El problema no es que nos digan que no; es que no nos han dejado ni presentarla ni defenderla”, afirmó recientemente en una entrevista radiofónica.
La plataforma recuerda que cerca del 32% de las personas pensionistas vascas cobra menos que el SMI y que, de ese grupo, más del 66% son mujeres, lo que evidencia una brecha de género persistente. En total, unas 220.000 personas mayores tendrían dificultades para acceder a condiciones de vida dignas.
Dos caminos, un mismo debate de fondo
Mientras Baleares avanza por la vía de una ILP autonómica basada en complementos de renta, el País Vasco mantiene un sistema propio de protección social que, según el Ejecutivo autonómico, actúa como red de seguridad. Sin embargo, los colectivos de pensionistas consideran insuficientes estos mecanismos y denuncian que el bloqueo institucional impide siquiera debatir soluciones estructurales.
Ambos casos reflejan un debate de fondo que trasciende lo territorial: cómo garantizar pensiones dignas en un contexto de envejecimiento, precariedad y brecha de género, y hasta qué punto las comunidades autónomas pueden —o deben— complementar el sistema estatal.
Movilización y presión social
Pese a las diferencias, el movimiento pensionista mantiene la movilización como herramienta común. En Euskadi ya han anunciado su apoyo a las protestas del 17 de marzo por la subida del SMI, vinculando salarios y pensiones como dos caras de una misma reivindicación. En Baleares, la próxima batalla será la recogida de firmas en la calle.
El resultado de ambos procesos marcará no solo el futuro de miles de pensionistas, sino también los límites reales de la democracia participativa y de la capacidad de las instituciones para responder a una demanda social cada vez más extendida.