La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumple 40 años. Cuatro décadas desde que, en palabras del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, "se llenaran las lagunas existentes", y se alineara a las FCSE con los valores constitucionales y democráticos de una España que en 1986 SE integraba en Europa al ritmo de la Movida.
La norma no tuvo problemas para salir adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE: se unificaron cuerpos, se sentaron las bases de una "policía democrática" y se adecuó el sistema a la sociedad postfranquista.
Llega la renovación
La tramitación del proyecto se inició en octubre de 1985 y apenas cinco meses después fue aprobado por las Cortes. En su toma en consideración, Barrionuevo fue el encargado de trasladar al Pleno la relevancia de la iniciativa.
El ministro llevaba en el cargo desde 1982, sin embargo, desde la tribuna confesó que de todas sus intervenciones hasta la fecha "ninguna ha tenido la trascendencia y significación de la actual". El proyecto propuesto por los socialistas pivotaba sobre tres ejes: ordenación, democratización y actualización.
En primer lugar, se abogaba por la unificación de los cuerpos para evitar las duplicaciones e infrautilización de efectivos. De manera que las FCSE quedaban compuestas por el Cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. A nivel orgánico, también ordenaba la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y Entes Locales.
En segundo lugar, sentaba las bases de lo que debía ser la policía en una sociedad democrática. En el ánimo del Gobierno, redefinir el concepto de orden público y seguridad ciudadana: pasar de una actitud pasiva a una postura activa. Es decir, "sustituir la tradicional acción represiva por una labor preventiva de programación y planificación", precisó Barrionuevo.
En tercer lugar, se destacó como objetivo la modernización de la policía para adaptarla a las necesidades y características de la sociedad que ya hacía diez años había dejado atrás la dictadura.
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Lo dice la Constitución
Una vez aprobada la Constitución de 1978, fue tarea (y sigue siendo) de los sucesivos Gobiernos dotar a nuestro ordenamiento jurídico de su correspondiente desarrollo normativo. Con la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se dio salida a cuatro preceptos constitucionales:
- Art. 104, que manda regular por Ley Orgánica las funciones, principios básicos de actuación y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- Art. 126, que remite a una Ley la regulación de las Unidades de Policía Judicial y la articulación de su dependencia funcional respecto de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal
- Art. 148, que atribuye a una Ley Orgánica la determinación del alcance y condiciones de ejercicio de las competencias propias de las CCAA en materia de seguridad
- Art. 149, que determina que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado y remite a una Ley Orgánica la definición de la forma y extensión de la participación de las CCAA
La amenaza de ETA
La iniciativa no tuvo problemas para ser aprobada, sin embargo, en su toma en consideración se presentaron tres enmiendas de totalidad: del Grupo Mixto (PCE), de CiU y del PNV. Aunque en la votación final en febrero de 1986, ninguno de estos partidos votó en contra, sí que expresaron su desconformidad a lo largo de la tramitación.
En especial, por la ausencia de negociaciones entre "los señores de la mayoría" y el resto de grupos, a los que el Ejecutivo no necesitaba para sacarla adelante, pero que reivindicaban ser escuchados o consultados.
Los partidos nacionalistas cuestionaron el modelo policial español y reivindicaron las competencias autonómicas en materia de seguridad. Sobre esta cuestión, Barrionuevo aseguró que el texto era "escrupulosamente respetuoso con los Estatutos de Autonomía". También fue objeto de críticas la decisión de mantener el carácter militar de la Guardia Civil, que a juicio de los partidos enmendantes, debía pasar a ser un cuerpo civil.
Cabe precisar que este debate se produjo con ETA como principal amenaza para la seguridad ciudadana. Hasta octubre de 1985, cuando tuvieron lugar las primeras discusiones sobre Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la banda terrorista ya había asesinado a 642 personas.
Sin embargo, Josep Maria Trias de Bes i Serra, portavoz de CiU, pidió no limitar la seguridad ciudadana solo al terrorismo. El diputado catalán reconoció la gravedad de la amenaza y la necesidad de poner todos los instrumentos necesarios para combatirla, pero insistió en que no se podían extender los métodos para ese problema a todo el sistema: "No podemos extrapolarlo a un proyecto de ley que lo que pretende regular es un modelo policial completo para disminuir la inseguridad en todo el territorio nación".
Alianza Popular tampoco se opuso finalmente al proyecto de ley, y la mayoría de sus diputados se decantaron por la abstención. El partido liderado por Manuel Fraga valoró positivamente la ordenación y profesionalización, pero criticó el excesivo "control político" del Gobierno sobre la policía.
JUBILACIÓN ANTICIPADA
40 años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de la Policía Nacional celebran el desbloqueo de una de sus principales reivindicaciones.
Esta semana, el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad y Migraciones ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación para los miembros de la Policía Nacional. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 9 de abril.