Tras formalizar la renuncia a su acta de diputado, José Luis Ábalos ha comunicado que optará por la jubilación tras asumir que es incierto que el Congreso le abone la indemnización por cese a la que podría haber tenido derecho después de casi 17 años como diputado. El exministro de Transportes socialista, en prisión provisional por el denominado caso Koldo, sostiene que ha agotado todas las vías posibles y denuncia haberse quedado sin ingresos ni cobertura social tras la suspensión de sus derechos parlamentarios.
En un mensaje difundido en la red social X desde una cuenta gestionada por su entorno, Ábalos afirma haber sido “desprovisto” de derechos y deberes y “privado de todo ingreso y protección social”. En ese contexto, plantea de forma directa su situación personal y económica y concluye que no le queda otra alternativa que retirarse y acogerse a la jubilación. En el mismo texto, atribuye la situación a la presión de sus adversarios políticos y da por cumplido su objetivo.
Una indemnización en duda
La indemnización por cese es una prestación a la que pueden acogerse los diputados que hayan ocupado un escaño durante más de dos años y renuncien a él, siempre que no dispongan de otros ingresos públicos o privados. La cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato —o fracción superior a seis meses— con un máximo de 24 mensualidades, y se abona de forma mensual previa autorización de la Mesa del Congreso.
En el caso de Ábalos, diputado desde abril de 2009 de manera ininterrumpida —primero en el PSOE y, desde febrero de 2024, en el Grupo Mixto tras la detención de su exasesor Koldo García Izaguirre—, el importe habría ascendido a 57.238,49 euros, según la última actualización de la asignación constitucional. Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que existían dudas jurídicas sobre si conservaba ese derecho, dado que la Mesa del Congreso acordó en noviembre suspenderle de sus funciones, retirarle el sueldo y privarle del voto tras su ingreso en prisión preventiva.
Al optar ahora por la jubilación, el exdiputado, de 66 años, deja implícito que renuncia a intentar percibir esa indemnización, incompatible en cualquier caso con la pensión de jubilación.
El precedente más reciente en esta materia es el de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE dejó su escaño el pasado junio, semanas antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, en una causa en la que también figura Ábalos como investigado. En su caso, el PP intentó que la Mesa del Congreso vetara el cobro de la indemnización, alegando que había ocultado desde 2016 su participación en una empresa privada.
PSOE y Sumar, sin embargo, avalaron el pago apoyándose en un informe de los letrados de la Cámara, que concluyó que Cerdán había generado el derecho a percibir cerca de 19.000 euros por el tiempo que fue diputado. Esa cantidad se le abonó durante seis meses, hasta diciembre. La diferencia clave respecto a Ábalos es que Cerdán conservaba todos sus derechos parlamentarios cuando abandonó el Congreso, ya que entregó el acta antes de su ingreso en la prisión de Soto del Real.