QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha pedido al Congreso un certificado sobre el material de oficina que ha utilizado desde que se integró en el Grupo Mixto a finales de febrero de 2024, para demostrar que su referencia a ‘folios’ se relaciona con el papel y no con pedidos de dinero en efectivo, como sugiere la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a su ex asesor Koldo García. El documento revela que recibió 168 paquetes de papel para fotocopias en un período de 21 meses.
En un mensaje compartido en su cuenta de X, Ábalos especificó que entre el 27 de febrero de 2024 y el 4 de noviembre del mismo año, solicitó esos 168 paquetes de folios DIN A4. ‘Cuando hablo de folios, es que son folios y no dinero ilícito, como me ha atribuido estrafalariamente la UCO’, aclaró Ábalos, quien junto a García y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, está siendo investigado en una supuesta trama de comisiones ilegales por la compra de material sanitario y adjudicación de obra pública.
Ábalos consideró ‘muy lamentable’ tener que solicitar este certificado para ‘demostrar que es posible seguir la trazabilidad de este suministro’. Además, criticó que la UCO no solicitara información similar al juez Leopoldo Puente, que instruye su causa en el Supremo, para recabar datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible antes de presentar sus acusaciones como un hecho probado.
El exministro también mencionó que pidió a Puente que solicitara al Ministerio de Transportes la certificación de los folios usados en su impresora durante su mandato, de 2018 a 2021, para probar que ‘folios’ no es un código para dinero. Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas por el Supremo, lo que, según Ábalos, disminuye las posibilidades de desmentir el informe de la Guardia Civil y contrarrestar la ‘estigmatización’ y presunciones en su contra.
En otro mensaje en X, Ábalos reiteró que nunca ha utilizado su posición para actos ilícitos y desafió a que se presenten pruebas contra todos los miembros de la dirección del partido desde 2017 hasta 2025, incluyendo a sus antecesores durante los últimos 20 años.
