El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que ciertos aspectos de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) podrían no alinearse con el derecho de la UE, como es el caso del plazo de dos meses para decidir sobre su aplicabilidad en situaciones específicas. No obstante, ha descartado que la ley suponga una ‘autoamnistía’ o que interfiera con las normativas de la UE en materias como la lucha antiterrorista o los intereses financieros de la Unión.
Esta valoración del experto legal europeo no es definitiva para la decisión final del tribunal, pero generalmente influye en la mayoría de sus resoluciones y también alerta sobre la posible suspensión de medidas cautelares durante el proceso de deliberación en Luxemburgo.
El TJUE ha tratado cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía en cuatro casos, aunque hasta ahora solo se han realizado audiencias en dos de ellos. Dean Spielmann, el abogado de Luxemburgo, ha emitido su parecer este jueves.
El análisis incluye, en primer lugar, la responsabilidad de Carles Puigdemont y otros por el uso de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional español, y el soporte a actividades internacionales del ‘procés’. El segundo caso examinado surge de una consulta de la Audiencia Nacional relacionada con actos de terrorismo atribuidos a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), para discernir si la aplicación de la amnistía en este contexto contravendría el Derecho comunitario y favorecería la impunidad de los crímenes.