El sindicato Acaip-UGT ha vuelto a poner el foco en el "colapso" que, a su juicio, amenaza al sistema penitenciario español por el repunte de la población reclusa. Según sus datos, el año 2025 se cerró con 62.522 personas privadas de libertad, lo que supone un incremento del 5,39% respecto al ejercicio anterior y un escenario que, advierten, viene acompañado de más incidentes y de una grave carencia de facultativos.
"España ha finalizado el ejercicio con un total de 62.522 internos, lo que supone que hoy custodiamos a 3.196 personas más que hace apenas un año", ha señalado Acaip-UGT en un comunicado en el que añade que "la curva de población reclusa en España ha entrado en una fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema".
El sindicato subraya que el aumento del 5,39% en el conjunto del país no responde a un fenómeno puntual. En los 80 centros que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se pasó de 49.026 internos en 2024 a 51.559 al cierre de 2025, lo que implica 2.533 presos más, un alza del 5,17%.
Repunte en Cataluña y País Vasco
El crecimiento también se ha hecho notar en las comunidades con competencias penitenciarias transferidas. De acuerdo con las cifras difundidas por Acaip-UGT, los 13 centros de Cataluña terminaron 2025 con 9.186 reclusos, un 6,73% más, mientras que los tres centros del País Vasco alcanzaron los 1.777 internos, lo que representa un incremento del 4,96%.
Entre los establecimientos con mayor variación, el centro penitenciario de Sevilla I es el que más ha incrementado su población reclusa en términos absolutos, con 292 internos adicionales. En cambio, la prisión de Monterroso, en Lugo, encabeza el aumento porcentual, con una subida del 51%.
Acaip-UGT recuerda que en 2018, cuando el actual equipo asumió la gestión de las prisiones, los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias albergaban a 58.883 internos. La tendencia descendente se prolongó durante los primeros años y tocó fondo en 2021, en plena pandemia, con 55.097 presos en los 80 centros de competencia estatal.
Sin embargo, la organización sindical explica que la situación empezó a cambiar en 2022: la ligera subida inicial se ha transformado, según sus cálculos, en una "escalada con un incremento acumulado en cuatro años de más de 7.000 personas privadas de libertad".
Más tensión, más incidentes y falta de médicos
Desde Acaip-UGT reprochan a la administración que, durante el periodo de descenso de población reclusa entre 2010 y 2021, se desaprovechara la ocasión de aplicar de forma efectiva la Ley Orgánica General Penitenciaria y consolidar el modelo de una persona por celda.
"El resultado es que la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan dos presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción", ha añadido, recordando además retos como la "creciente heterogeneidad de la población reclusa".
"La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio", ha continuado el sindicato, que vincula el aumento de la conflictividad a la masificación y a la diversidad de perfiles dentro de las prisiones.
En paralelo, Acaip-UGT llama la atención sobre la "crisis sanitaria con niveles inasumibles" en el entorno penitenciario. Según sus datos, más del 72% de las plazas de médicos en las cárceles están sin cubrir, lo que deja a los centros sin la atención sanitaria necesaria. A esta carencia se suma la urgencia de abordar la salud mental en un medio cerrado, donde más del 30% de los internos precisa medicación psiquiátrica, de acuerdo con las estimaciones del sindicato.