ACAVITE demanda una actualización de la legislación sobre víctimas del terrorismo por considerarla desfasada

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), Lucía Jiménez, con el Rey Felipe VI.ACAVITE

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), que representa a aproximadamente 300 víctimas de diversos grupos terroristas incluyendo ETA, Frente Polisario y otros, ha exigido a los partidos políticos que modernicen la ley estatal de Víctimas del Terrorismo, calificándola de «obsoleta» y señalando que crea desigualdades en las compensaciones y abandona a varios afectados. «No se puede seguir perpetuando la humillación cómplice», afirman desde la asociación.

Además, ACAVITE asistirá al evento del Congreso en honor al día de las víctimas del terrorismo, aunque critican que el reconocimiento ha perdido importancia y cuestionan la participación de partidos políticos que consideran próximos a ideologías terroristas, en referencia a Bildu.

Lucía Jiménez, presidenta de ACAVITE, mediante un comunicado ha pedido a los diputados que «recobrar obligatoriamente el espíritu de sensatez política y de respeto cuanto antes», además de recalcar la necesidad de que los partidos con mayor representación actualicen la ley actual ante la situación de «ruido, distracción e innación política» que domina el escenario de apoyo a las víctimas.

CANARIAS DEBE TENER LEGISLACIÓN PROPIA

En otro comunicado, Lucía Jiménez ha hecho un llamado directo al Gobierno y al Parlamento de las Islas Canarias para que desarrollen una ley específica para las víctimas del terrorismo en Canarias, destacando que es «sorprendente» que Canarias sea una de las pocas comunidades sin una legislación propia en este ámbito.

«Es indecente y doloroso, que tanto el Parlamento como Gobierno de Canarias actual aún no quieran aprobar y financiar la Ley canaria de Reparación a las Víctimas del Terrorismo, perpetuando su humillación», destacó la presidenta de ACAVITE. La asociación insta a las instituciones canarias a corregir lo que consideran una «humillante e hiriente dejación» por parte de los partidos locales.

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