Elisabeth González Peralta, superviviente de la riada en Valencia el 29 de octubre de 2024, ha declarado en el Congreso que lo sucedido “no fue una catástrofe natural”, sino una “catástrofe política”, criticando la falta de acción adecuada por parte de los responsables políticos “no estuvieron a la altura ni antes, ni durante, ni después” y señalando que el Estado de Derecho “no se aplicó”.
Ante la comisión que examina cómo se gestionó el desastre, González Peralta expresó su frustración al ver cómo un vehículo de la Policía Local no intervino para ayudar a las personas atrapadas, a pesar de estar a poca distancia. Relató que, tras contactar al 112 y ser informada de la saturación del servicio, un agente de la Guardia Civil criticó su manera de hablar y le dijo que no podían enviar ayuda en ese momento.
Explicó que dos bomberos llegaron durante la madrugada y prometieron enviar lanchas que nunca arribaron. Finalmente, se vio forzada a lanzarse al agua. “Vivimos el terror más absoluto, la desolación más absoluta sin saber si conseguiríamos salir con vida”, compartió.
Interrogantes sin respuesta
“¿Alguien nos puede explicar por qué nadie nos avisó, ayudó ni auxilió? ¿Por qué nadie cruzó ese puesto cuando había personas en burbujas de aire? ¿Por qué cuando bajó el nivel del agua en Paiporta no fueron allí todos los efectivos que había en Valencia? Las 48 horas son vitales para salvar vidas”, cuestionó, enfatizando la necesidad de exigir responsabilidades por la falta de acción.
La situación, a su ver, solo tuvo un aspecto positivo: la intervención de las “buenas personas”. Sin embargo, lamentó la inacción institucional en un país que se supone desarrollado y donde rige un Estado de Derecho que, según ella, no se cumplió.
González Peralta también criticó duramente a la clase política por ocuparse de otros temas mientras la gente sufría en el lodo. Además, mencionó que las necesarias obras en el Barranco del Poyo, pese a ser consideradas prioritarias y tener un informe ambiental favorable, no se ejecutaron por restricciones presupuestarias y problemas legales posteriores, concluyendo que “No ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política”.