La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha celebrado este martes la caída del decreto-ley Ómnibus en el Congreso de los Diputados, instando así al Gobierno “a dejar de usar a los propietarios como escudo social para asumir el impago de las personas vulnerables”.
Tras esta respuesta parlamentaria al Ejecutivo, la citada plataforma retoma su lucha por la protección de la propiedad privada y, de nuevo, vuelve a escribir a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, “con la esperanza de que algún día nos reciba y escuche nuestras demandas”.
No en vano -señala Ricardo Bravo, presidente de la Asociación de Afectados por la Ocupación-, y según los datos del Portal de Transparencia, como recientemente ha publicado el diario El País, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de las comunidades autónomas, tan solo ha pagado el 44% de las compensaciones a propietarios; y el resto, el 56% sigue sin pagarse, de las cuales, el 41% está en trámite y el 15% restante está "desestimada o desistida".
Cuando la carga va sobre el propietario
Producto de la negociación con formaciones políticas como el Partido Popular y Junts, muy activas en las conversaciones -según fuentes parlamentarias consultadas-, la plataforma manifiesta su satisfacción ante lo que considera una “victoria de la seguridad jurídica”
La organización -con quien ha mantenido una entrevista Demócrata- también traslada un mensaje de tranquilidad a la opinión pública, y señala, en primera instancia, que “es falso que el rechazo de este decreto desproteja a los ciudadanos en materia de pensiones o transporte, puesto que son medidas que pueden aprobarse mañana mismo de forma independiente”, apunta.
Lo único que ha decaído -subraya Bravo a este diario- “es la protección a okupas e inquiokupas y el mecanismo que permitía al Gobierno desentenderse de sus obligaciones sociales hacia las familias vulnerables a costa de los pequeños propietarios”.
Los efectos de la falta de protección al propietario
De ahí que -añade-, “desde la Plataforma agradecemos profundamente a todos los partidos políticos que han votado en contra de este decreto, señalando su firmeza y valentía, demostrando un compromiso real con las familias víctimas de la ocupación y la inquiokupación, ya que -anota- el voto negativo estos grupos ha impedido que el Gobierno se limitara a 'aparcar' a las personas en situación de exclusión en viviendas ajenas, ahorrándose la inversión necesaria en vivienda pública y servicios”.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación fue la creadora del término inquiokupación, allá en 2021. Ellos popularizaron su nombre y, por tanto, la acuñaron, y ellos fueron los que pidieron a Espejo Público que abordara el problema en sus reportajes sobre el fenómeno, que básicamente, consiste en dejar de pagar al propietario de la casa, lo que hasta hoy, estaba protegido por la ley, ya que los desahucios fueron paralizados en 2020, como consecuencia del escudo social firmado por la izquierda y por EH Bildu.
Encuentro con Puigdemont y una puerta al diálogo
Esta plataforma se ha llegado a reunir de forma telemática con Carles Puigdemont, líder de Junts. El encuentro -informan algunas fuentes presentes en esa reunión- fue positivo y también fue en la línea de lo que ha defendido este martes la portavoz del grupo en el Congreso, Mirian Nogueras, ponderando la revalorización de las pensiones, en un decreto aparte, y sacando el escudo social para no agravar la carga económica que soportan los propietarios de viviendas ocupadas.
Para la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el siguiente paso es volver de nuevo a los canales de diálogo y encontrar con las formaciones políticas la manera y las posibilidades de poder ayudar a las familias vulnerables, pero a cuenta del Estado, y no de los propietarios.
No obstante, señala Bravo a Demócrata, "nos encontramos en un momento complicado, porque hasta ahora, los trámites han sido complicados y no se hacen de oficio; cada comunidad autónoma tiene sus propios procedimientos, también hay algunas de estas que te dicen que, hasta que no decaiga el decreto no piensan compensar a los propietarios, y quizá la más importante, apenas hay información de lo que se puede o no se puede hacer, por parte de los propietarios afectados".