QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, ha utilizado la sesión del jueves en la Comisión de Reglamento del Congreso para incorporar mediante una enmienda transaccional cambios en la reforma que permitirían imponer sanciones a los periodistas acreditados que interfieran en las actividades parlamentarias y de prensa, en línea con lo sugerido por los letrados de la Cámara Baja.
Los abogados del Congreso habían preparado un documento técnico advirtiendo que las sanciones podrían coartar «el derecho a la libertad de información», recomendando evaluar «requisitos para su legitimidad». Además, señalaban que la vaguedad en las sanciones podría crear «inseguridad jurídica» para los periodistas y sugerían incluir un mecanismo de prescripción para estas penas.
SANCIONES MÁS PRECISAS
La mayoría de las propuestas de los servicios jurídicos se han adoptado en la enmienda transaccional, que ha sido aprobada en la Comisión de Reglamento y se votará en el Pleno el próximo martes. El PSOE y sus aliados han especificado que los periodistas podrían ser sancionados por infracciones cometidas dentro del «recinto parlamentario» y áreas adscritas, siempre que no posean la credencial necesaria.
Asimismo, se considerará infracción grave la interrupción o «obstrucción» de las ruedas de prensa, así como ignorar las instrucciones del coordinador de estos eventos.
LAS INFRACCIONES PRESCRIBIRÁN
En la enmienda también se ha incluido la prescripción de las infracciones, con las muy graves expirando a los seis meses, las graves a los tres meses y las leves al mes, comenzando desde el día en que se cometen, excepto en casos de duración prolongada, donde el plazo comienza tras finalizar la conducta.
Durante el debate, representantes de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro criticaron que la reforma podría «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz», tachándola de «atropello democrático y constitucional» y denunciando las «sanciones arbitrarias».
Por otro lado, PSOE y Sumar han enfatizado que la reforma fue solicitada por la Asociación de Periodista Parlamentarios y han negado que perjudique el derecho a la información. Han argumentado que la reforma busca garantizar «seguridad jurídica» y respetar los «principios de buena educación» en el Congreso.
Además, se ha aprovechado la reforma para ampliar los casos en los que se puede votar telemáticamente, incluyendo situaciones de tratamiento de reproducción asistida o atención a familiares dependientes, un punto que también ha generado controversia por la posible «desnaturalización» de la labor parlamentaria que exige presencialidad.
