El PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, han empleado este jueves la Comisión de Reglamento del Congreso para modificar mediante una enmienda transaccional la reforma que busca imponer sanciones a los periodistas acreditados que interrumpan las actividades parlamentarias y periodísticas en la Cámara, conforme a lo solicitado por los letrados de la Cámara Baja.
Los abogados del Congreso elaboraron un documento sobre la reforma advirtiendo que la instauración de sanciones podría restringir «el derecho a la libertad de información» y propusieron evaluar «requisitos para su legitimidad». Además, señalaron que las sanciones poco claras podrían provocar «inseguridad jurídica» para los periodistas y sugirieron incluir un régimen de prescripción para las sanciones.
SANCIONES MÁS PRECISAS Y QUE PUEDEN PRESCRIBIR
La mayoría de las recomendaciones de los servicios jurídicos fueron incorporadas en la enmienda acordada, que ha sido aprobada en comisión y será presentada en el Pleno el próximo martes, con el apoyo del PSOE y sus socios, y la oposición del PP y Vox. El PSOE y aliados han establecido claramente las zonas del recinto parlamentario donde los periodistas pueden ser sancionados, focalizando en la utilización adecuada de la credencial de prensa.
El periodo máximo de suspensión de credenciales por infracciones muy graves se ha reducido de cinco a tres años, e incluye un régimen de prescripción como sugerían los asesores legales. «Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes», detalla el documento.
En el debate, representantes de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro han criticado que este régimen sancionador limita «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz», de acuerdo con Andrés Alberto Rodríguez Almeida de Vox, quien considera la reforma un «atropello democrático y constitucional».
Por su parte, Carmen Navarro del PP ha acusado al PSOE y sus socios de intentar transformar el Congreso en un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política» a través de «procesos inquisitoriales». Sin embargo, PSOE y Sumar han rechazado estas acusaciones, asegurando que la reforma no perjudica el derecho a la información y que fue solicitada por la Asociación de Periodista Parlamentarios.