El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece este jueves ante la comisión correspondiente del Congreso con el fin de exponer la aplicación del acuerdo entre la UE y Reino Unido relativo a Gibraltar, así como la posición de España ante la evolución del conflicto en Oriente Próximo.
El acuerdo sobre Gibraltar, que regulará el encaje del Peñón en su relación con la UE tras el Brexit, fue difundido el pasado 26 de febrero, culminando más de cuatro años de conversaciones y posterior al entendimiento político alcanzado el 11 de junio.
Este nuevo marco contempla la creación de una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar. Albares pidió acudir al Congreso para detallar su contenido a finales de febrero, pero la sesión se celebrará finalmente en plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.
El artículo 2 del texto precisa que lo acordado no “afectará a las respectivas posiciones legales” de Reino Unido y España “respecto a la soberanía y la jurisdicción y no constituirá la base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía”. Este apartado ha suscitado duras críticas por parte de Vox, que reclamó la comparecencia de Albares y le reprocha no haber utilizado la negociación para reforzar la reivindicación de la soberanía española sobre el Peñón.
Derribo de la Verja y controles en Schengen
Entre los elementos centrales del pacto figura el derribo de la Verja, ya que se prevé eliminar todas las barreras físicas que obstaculicen el tránsito de personas y trasladar los controles al puerto y al aeropuerto de Gibraltar.
En estos puntos se establecerá un doble control. Primero intervendrán las autoridades gibraltareñas y, a continuación, la Policía Nacional española, responsable de los controles de acceso al espacio Schengen. Aunque se aplicará la normativa de este espacio sin fronteras, Gibraltar no pasará a integrarse en Schengen. En sentido de salida, el doble control se efectuará en orden inverso.
El pasado 1 de abril, los Veintisiete, reunidos a nivel de embajadores, avalaron por unanimidad la firma y la aplicación provisional del acuerdo, lo que facilita que pueda entrar en vigor el 15 de julio, con un retraso de tres meses respecto al calendario inicialmente manejado por Bruselas y Londres.
El Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido fijado por el Tratado de Comercio y Cooperación, que normalizó los vínculos tras la consolidación del Brexit y que se aplica desde 2021, sin incluir al Peñón en su ámbito.
Con la señal política enviada la semana pasada, los Veintisiete pretenden atender la urgencia de avanzar en la tramitación de un Tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal podría complicar la situación en la Verja ante la inminente entrada en vigor, el 10 de abril, del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE, que impondrá un control reforzado en los pasos con terceros países.
El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) comenzó a implantarse de forma gradual en los Estados miembros el pasado otoño, pero su operatividad plena está prevista para este viernes, cuando deberá funcionar en todos los accesos a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press señalan que las instalaciones y el equipamiento técnico necesarios para el control en el paso de Gibraltar a territorio comunitario están “operativos y disponibles”, aunque sin concretar el calendario de aplicación.
Relación de Gibraltar con la UE y sistema EES
En cualquier caso, y más allá de la preparación técnica, la ausencia de aplicación del Tratado que define la relación de Gibraltar con la Unión Europea cuando el sistema EES entre en vigor implica, en la práctica, que este territorio continúe siendo tratado a efectos de control fronterizo como un país tercero. De este modo, los viajeros que crucen desde o hacia el Peñón desde suelo español deberían someterse al registro en el nuevo sistema europeo.
Para evitar este vacío, el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea una propuesta para flexibilizar la aplicación del EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles ni si Bruselas —que en general se opone a revisar el calendario del nuevo sistema fronterizo— considera viable la iniciativa española.
Uso compartido del aeropuerto y unión aduanera
Otro de los asuntos de mayor interés en el Campo de Gibraltar, y sobre el que el Gobierno español insistió durante la negociación, es el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar, levantado en el istmo cuya soberanía de Reino Unido no reconoce España. Se prevé constituir una empresa conjunta entre España y Reino Unido, que no podrá fijar su sede en ninguno de estos dos países, sino que deberá ubicarse en otro Estado miembro de la UE.
En lo relativo a los vuelos, podrán tener origen y destino tanto en Reino Unido como en cualquier país de la UE, aunque solo podrán operar estas rutas las aerolíneas autorizadas por Bruselas y aquellas que cuenten con permiso de Londres.
El acuerdo establece una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, que permitirá la libre circulación de mercancías. Para corregir las actuales distorsiones fiscales entre los tipos impositivos del Campo de Gibraltar y del Peñón, se prevé la implantación de un impuesto indirecto por parte gibraltareña, de características similares al IVA, que se situará en el 15% desde la entrada en vigor y aumentará en los tres años siguientes hasta alcanzar el 17%.
La base de la Fuerza Aérea británica en el aeropuerto de Gibraltar queda excluida del acuerdo, y los militares británicos o de terceros países que se desplacen al Peñón estarán exentos de los controles de pasaporte y visado propios del espacio Schengen, sin que ello suponga la adquisición de derechos de residencia permanente o domicilio en esta área.