El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado abierta la posibilidad de que la UE reconsidere las sanciones vigentes contra Delcy Rodríguez, ahora “presidenta encargada” de Venezuela, siempre que se confirmen su nuevo estatus institucional o se observen pasos “en la dirección correcta” por parte del nuevo Gobierno, tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero.
En una entrevista en el canal 'laSexta', recogida por Europa Press, Albares ha admitido que sobre Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta venezolana, pesan actualmente medidas restrictivas que le impiden entrar en territorio comunitario. Estas sanciones fueron aprobadas en junio de 2018 y se prorrogaron de nuevo el pasado mes de diciembre por un año adicional, hasta enero de 2027.
Albares ha recordado que en el seno de la UE “tenemos una norma no escrita, pero una norma que solemos establecer, y es que nunca” se incluye al jefe del Estado o de Gobierno en los listados de sancionados, con el fin de “mantener siempre un diálogo abierto”. Este criterio, ha explicado, es el que ha hecho que Maduro no figurara entre los altos cargos venezolanos sancionados por Bruselas.
Posibles excepciones y precedentes
“Así que tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación”, ha señalado el ministro, subrayando que el régimen sancionador europeo admite excepciones puntuales. En este sentido, ha recordado que la propia Delcy Rodríguez recibió una autorización especial para desplazarse a Bruselas y asistir a la cumbre entre la UE y la CELAC celebrada en julio de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la UE.
“Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela”, ha rememorado, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda volver a viajar ahora a Europa en su nueva condición política.
Albares ha insistido en que “las sanciones son un instrumento para conseguir un fin, no un fin en sí mismo”. A su juicio, la prioridad de la UE y de España no es prolongar indefinidamente estas medidas, sino propiciar cambios políticos en Venezuela: “Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible porque querrá decir que la causa que las generó desapareció”, ha precisado.
En esta línea, el ministro ha defendido que “si el nuevo Gobierno de Venezuela da pasos en la dirección que nosotros deseamos deberían de desaparecer y yo me alegraré mucho de ello y seré el primero en solicitarlo, porque España siempre va a estar al lado de los pueblos hermanos de América Latina”.
Relación con Estados Unidos y contactos con Caracas
En cuanto a la coordinación internacional, Albares ha explicado que la Administración de Donald Trump no ha mantenido comunicación con el Gobierno español ni antes ni después de la operación militar en Venezuela. Según ha indicado, “tampoco me consta que lo esté en contacto realmente con otros gobiernos”, más allá de una llamada entre la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de la que tiene conocimiento.
El titular de Exteriores ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de dialogar con el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, del mismo modo que se hacía anteriormente con el de Maduro. Sin embargo, ha aclarado que por el momento no se ha producido ningún contacto político directo, más allá de la interlocución habitual que mantiene la Embajada de España en Caracas con las autoridades venezolanas.
Albares ha confirmado, no obstante, que ya se ha enviado una nota formal al nuevo Ejecutivo de Caracas para reclamar la puesta en libertad de los ciudadanos españoles que, según ha denunciado, están “injustamente retenidos” en Venezuela. “Yo creo que sería un gran gesto y un gran arranque”, ha concluido, aludiendo a que una medida de este tipo podría interpretarse como una señal positiva de cara a una eventual revisión de las sanciones europeas.