José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, confirmó este lunes que España está en proceso de lograr que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos dentro de la Unión Europea. A pesar de esto, admitió que no existe un consenso total entre los 27 miembros sobre esta iniciativa y condenó la «discriminación» a la identidad nacional de España por no tener estas lenguas como oficiales en el bloque.
«Esto tiene que poderse oficializar pronto. Esto es una discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional. Hay Estados que en estos momentos tienen más de un idioma como un idioma oficial (…) ¿Por qué no podría España?», declaró Albares desde Bruselas, en referencia a la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, donde se tratará el tema tras varios meses de negociaciones sin obtener aún el apoyo completo de los 27.
Albares reconoció la falta de unanimidad necesaria entre los Estados miembros, pero destacó el debate programado en el Consejo y el nuevo documento presentado por el Gobierno para clarificar la financiación de esta propuesta.
«El día 18 o lo conseguimos o avanzamos hacia conseguirlo, porque nadie podrá esconderse ya más detrás de supuestos aspectos que no conocen o que no están suficientemente detallados», manifestó, sugiriendo que aunque el viernes no marque el «día D», eventualmente la medida será aceptada «porque todos los Estados comprenden que la posición de España es legítima y que la identidad nacional es plurilingüe».
Además, indicó que si dependiera exclusivamente de España, esta oficialidad «habría ocurrido ya hace mucho tiempo» y recalcó que esta acción es un «camino irrenunciable e irreversible» para el Gobierno, reflejando la diversidad lingüística del país.
El Consejo de Asuntos Generales de la UE discutirá este 18 de julio un «intercambio de puntos de vista» sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera, tema propuesto inicialmente por España para su adopción, pero que Dinamarca, en la presidencia actual, ha decidido presentar inicialmente como una mera discusión.
En la agenda establecida por los embajadores, este tema se ha catalogado como «intercambio de puntos de vista», a diferencia de lo sucedido en mayo pasado, cuando se planteó como punto «para adopción» a instancias de España, que posteriormente tuvo que retirar la propuesta ante la falta de apoyo necesario para su aprobación.