El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la decisión de elevar al Consejo de Ministros la propuesta para otorgar la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López demuestra que, “frente a tanta mentira y tanta demagogia que algunos partidos políticos españoles intentan esparcir, este gobierno es el que da apoyo siempre al pueblo hermano de Venezuela”.
En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Albares ha detallado que el expediente de solicitud de nacionalidad española de López se someterá este martes a la aprobación del Consejo de Ministros y ha precisado que “se hace por carta de naturaleza, porque hay una serie de requisitos y documentos que está imposibilitado a presentar”. Ha añadido que “es un instrumento que está en el Código Civil, que se utiliza en distintas ocasiones”.
El titular de Exteriores ha incidido en que “esto lo que demuestra es que, frente a tanta mentira y tanta demagogia que algunos partidos políticos españoles intentan esparcir, la realidad demuestra que es este Gobierno de España --ningún otro antes lo ha hecho-- el que da apoyo siempre al pueblo hermano de Venezuela”.
En esta línea, ha puesto de relieve que alrededor de 200.000 venezolanos han llegado a España con un régimen de residencia y trabajo “muy particular” y que opositores como Leopoldo López o Edmundo González “están hoy libres en Madrid, y no detenidos en Caracas, gracias a la protección de este Gobierno”.
Albares ha indicado que “este es un paso más que va en esa dirección” de la política exterior española, orientada a promover “un amplio diálogo entre gobierno venezolano y oposición venezolana para que haya una salida pacífica, democrática y genuinamente venezolana a la crisis de Venezuela”.
“Eso es lo que queremos y por eso hablamos con Gobierno y con oposición, y por eso damos los pasos que ayudan a ello”, ha señalado, aludiendo tanto a la petición de levantar las sanciones sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el seno de la Unión Europea, como a la tramitación de la nacionalidad española para Leopoldo López.
El ministro ha rememorado que el Ejecutivo español se posicionó “muy claramente” tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en relación con “una acción que no respetaba el derecho internacional”. Ha defendido que “los recursos naturales de cada país son del pueblo soberano de este país y son un atributo muy importante de la soberanía de un Estado”.
Del mismo modo, ha indicado que el Gobierno valora “los pasos” emprendidos por la presidenta encargada de Venezuela, que “van en la dirección correcta: la ley de amnistía, la liberación de presos políticos de las cárceles”, y le ha instado a “siga todavía dando más pasos” como “una liberación total de todos los presos políticos” o la creación de condiciones para que “puedan volver aquellos que han tenido que salir de Venezuela”.
Por este motivo, ha explicado, se ha planteado también --“y la alta representante ha estado completamente de acuerdo en ello”-- que se retiren las sanciones en la Unión Europea que pesan sobre Rodríguez y que “no las tenía Nicolás Maduro cuando era presidente”, de modo que “sería chocante” que continuaran vigentes cuando “está dando pasos que precisamente son los que llevaron a poner esas sanciones”.
La responsabilidad de las empresas
En otro orden de cosas, al ser cuestionado sobre que compañías europeas negocien con Estados Unidos para ampliar su actividad en Venezuela, ha aclarado que “se trata de empresas privadas” que deben “centrarse en su negocio”.
Ha destacado que “Repsol es una empresa muy importante española que genera muchos puestos de trabajo en España, ayuda al crecimiento económico de España y, por lo tanto, tiene unos intereses que gestionar”.
En esta línea, ha recalcado que “no se puede poner sobre una empresa privada la responsabilidad que tiene un gobierno o un ministro de Asuntos Exteriores conduciendo una política exterior de España”, que “la fija el Gobierno de España” y que se orienta a proteger “los intereses de todas las empresas españolas en el exterior según cada circunstancia porque redunda en beneficio de los españoles”.