El proceso para reconocer el catalán, euskera y gallego como idiomas oficiales en la Unión Europea se ha topado con la reticencia de aproximadamente diez naciones, encabezadas por Alemania, debido a las incertidumbres jurídicas que plantea la reforma propuesta por España. El Gobierno español alega haber respondido adecuadamente a todas las interrogantes planteadas y critica la «táctica dilatoria» de algunos países.
En una reunión reciente, Fernando Sampedro, secretario de Estado de la UE, exhortó a los demás países a «no secuestrar ni retrasar innecesariamente» la reforma. Según fuentes de Europa Press, Sampedro apeló a la solidaridad de los gobiernos para facilitar una decisión rápida, aunque dejó abierta la posibilidad de que aquellos países con mayores reservas recurran al TJUE para un veredicto más detallado.
La discusión, que se extendió por casi una hora, fue descrita como tensa y directa, especialmente en los intercambios entre el representante español y el ministro para Asuntos Europeos de Alemania, Gunther Krichbaum, quien insistió en la necesidad de una reforma de los Tratados basándose en un dictamen oral del servicio jurídico del Consejo.
Alemania se ha mantenido firme en su postura desde un debate anterior en mayo, y ha sido respaldada por otros países como Francia e Italia, que en privado expresaron preocupaciones similares. Otros países como Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia también expresaron inquietudes sobre la claridad legal de la reforma, aunque Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre apoyaron sin reservas la propuesta de España.
Antes de la reunión, ministros de Polonia, Austria y Luxemburgo mostraron disposición a dialogar, aunque subrayaron que aún era prematuro y había detalles por resolver. La ministra austríaca, Claudia Plakolm, afirmó que «mientras no haya una propuesta en la que las preocupaciones legales y financieras queden resueltas, no puede haber consentimiento». Por su parte, la ministra danesa Marie Bjerre indicó que abordarían el tema con cautela en un diálogo continuo.