La iniciativa de España para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea ha enfrentado obstáculos en Bruselas este viernes, con la oposición de aproximadamente diez países, encabezados por Alemania, debido a incertidumbres legales sobre la propuesta. El Gobierno español asegura haber abordado adecuadamente todas las interrogantes planteadas, criticando a algunos estados miembros por emplear una «táctica dilatoria».
Fernando Sampedro, secretario de Estado de la UE, solicitó a su llegada a la reunión que los países no obstruyan ni retrasen innecesariamente la reforma solicitada por España. Durante el encuentro, apeló a la solidaridad de los demás gobiernos para permitir una decisión rápida que favorezca la oficialidad, permitiendo que los socios con más reservas puedan consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para obtener una opinión más definida.
El encuentro duró casi una hora y, según fuentes de Europa Press, fue tenso y asertivo, especialmente en los intercambios entre el representante español y el ministro alemán para Asuntos Europeos, Gunther Krichbaum. Este último se apoyó en el dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, que indica la necesidad de una reforma de los Tratados para justificar legalmente la oficialidad propuesta.
En el debate, Alemania mantuvo firmemente su postura, sin ceder, según informaron otras delegaciones. Además, las preocupaciones legales del ministro alemán encontraron eco en otros países como Francia e Italia, que en privado expresaron dudas similares. Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia también expresaron inquietudes sobre la claridad legal de la reforma propuesta. Sin embargo, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre mostraron su apoyo explícito y sin reservas a España.
Antes del inicio del Consejo de Asuntos Generales, ministros de Polonia, Austria y Luxemburgo mostraron su disposición a dialogar con España, aunque indicaron que aún era prematuro y existían cuestiones pendientes por resolver. La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, subrayó ante la prensa que «Los servicios legales del Consejo se lo toman en serio y esta opinión de los servicios legales sigue sin cambios. Eso significa que mientras no haya una propuesta sobre la mesa en la que las preocupaciones legales, así como las preocupaciones financieras, queden resueltas, no puede haber consentimiento».
Por su parte, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, indicó que bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE se abordará este tema en un diálogo continuo con los Estados miembro, con gran cautela dada la sensibilidad y simbolismo del asunto.