La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reiterado este jueves que la regularización de inmigrantes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende aprobar por decreto responde, a su juicio, a “clientelismo político” y ha subrayado que una parte de los extranjeros que obtengan sus papeles podrá votar en las elecciones municipales en un plazo de dos años.
En una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, ha negado que el Partido Popular haya modificado su postura para aproximarse a Vox. Ha recordado que en 2024 el PP respaldó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular por una cuestión democrática, pero registró enmiendas para “vincular un contrato de trabajo; que no tuvieran antecedentes penales o que demostraran integración real”.
“Esa es la misma posición que mantenemos ahora. No ha cambiado”, ha afirmado, antes de tratar de aclarar “ciertas falsedades” sobre este asunto. Ha indicado que el PP “se hace cargo de la situación en la que se encuentran las 840.000 personas que en este momento en España se encuentran en situación irregular”, pero entiende que es imprescindible “buscar y atacar” las causas que les han llevado a esa situación porque, de lo contrario, se seguirá “cronificando el problema”.
Efecto llamada y “pecados originales” de la regularización
La dirigente popular sostiene que la medida generará un efecto llamada, ya que lanza el mensaje de que se puede entrar en España sin respetar la normativa, arriesgar la vida en el trayecto y que, una vez aquí, “con aguantar van a conseguir los papeles”. A su entender, ese planteamiento es “inhumano”.
Ezcurra considera que la iniciativa del Gobierno tiene tres “pecados originales”: vulnera el Pacto de Migración y Asilo, provoca un efecto llamada y crea un “agravio comparativo para todas las personas que han venido a España por los difíciles cauces legales y han cumplido la ley”.
“Es mucho más fácil acceder a España y conseguir la residencia legal si uno incumple la ley que se intenta entrar por las vías legales”, ha denunciado.
Impacto en el censo y derecho de voto
La responsable del PP ha querido también precisar “sus justos términos” de la controversia generada por las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la alteración del censo electoral. Ha explicado que el líder del PP se refirió, por un lado, a la conocida como Ley de nietos, por la que 2,5 millones de personas han pedido la nacionalidad española, con unas 500.000 solicitudes admitidas a trámite y 300.000 nacionalizaciones ya concedidas.
Por otro lado, ha señalado, Feijóo aludió a la “regularización masiva y sin control que pretende aprobar el Gobierno”. Según ha indicado, quienes obtengan la residencia legal y procedan de países con convenio de reciprocidad con España “pueden participar en las elecciones municipales”. Además, si son nacionales de Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial, podrán pedir la nacionalidad española en “solo dos años, lo que les va a permitir participar en todas las elecciones”.
En cuanto a los convenios de reciprocidad, ha detallado que, dependiendo del país, fijan plazos de entre 3 y 5 años, por lo que “en las próximas elecciones municipales, ese censo municipal no va a engordar, engordará en las siguientes cuando se produzcan”.
“Esto no es opinable con la ley de la mano”, ha recalcado, antes de volver a acusar al Ejecutivo de impulsar la medida por “clientelismo político”. Ha incidido en que, aunque el aumento del censo no se verá en el corto plazo, sí tendrá efectos “en el medio plazo”.
Choque con la política migratoria europea
Ezcurra ha remarcado que la regularización que plantea España afecta también al ámbito comunitario, pese a que Bruselas haya señalado que se trata de una competencia nacional. A su entender, la decisión del Gobierno “sí contraviene el espíritu europeo por tres razones”: se opone al Pacto Europeo de Migración y Asilo, repercute en el espacio Schengen y choca con la doctrina reiterada de la Comisión y el Consejo de combatir las causas de la inmigración ilegal reforzando fronteras, agilizando retornos y potenciando las vías legales de entrada.
Ha puntualizado que el comisario europeo de Interior y Migraciones no se equivoca al recordar que la regularización es competencia de cada Estado, pero ha resaltado que ese mismo responsable comunitario presentó “dos iniciativas bastante relevantes, la estrategia de migración y asilo y la primera estrategia integral de visados de la Unión”, que, según Ezcurra, “son completamente antagónicas a la regularización que quiera aprobar el gobierno de Pedro Sánchez”.
Gamarra critica la falta de control y el objetivo del decreto
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado en Telecinco, en declaraciones recogidas por Europa Press, que Alberto Núñez Feijóo trasladará este fin de semana en Zagreb a sus socios del Partido Popular Europeo sus críticas al decreto de regularización y a la “absoluta falta de control de fronteras y la ausencia de una política migratoria” en España.
Ha subrayado que, pese a que España es frontera sur de la UE y debe aplicar las políticas comunes en esta materia, el Gobierno se dispone a aprobar una regularización masiva que, a su juicio, persigue “cambiar la conversación” para desviar la atención del accidente de Adamuz y “tapar su debilidad parlamentaria”.
Advertencia al PPE y dudas jurídicas
Gamarra no ha precisado si el PP recurrirá la medida ante los tribunales, ya que el texto definitivo aún no se conoce. Ha indicado que esperarán a estudiar el contenido del decreto, aunque ha apuntado que, con la información disponible, no se podrá comprobar de forma efectiva la ausencia de antecedentes penales de quienes soliciten la regularización.
La dirigente popular tampoco ha querido valorar en detalle la posición de Bruselas, que enmarca el asunto en la competencia nacional, y ha recordado que existe un “marco de política migratoria y política de asilo que es común y, por tanto, España también debe de asumir esos compromisos”. A su entender, el Gobierno está “rompiendo” esa política compartida.
“No solo podemos pedir, pero luego hacer todo lo contrario, porque esto es espacio Schengen y, evidentemente, una regularización en España es una regularización masiva en Europa, una regularización en la que puede entrar cualquiera”, ha advertido.
Ha añadido que Feijóo explicará a sus socios europeos el propósito del PP de ser un “aliado serio, sensato y responsable”, partidario del control de fronteras y de una política migratoria “totalmente diferente” para que la llegada a España se produzca “de una manera regular”.