Almeida sitúa las medidas de alquiler de Sánchez en una continua improvisación para distraer el debate

Almeida acusa a Sánchez de improvisar con sus nuevas medidas de alquiler y de usarlas para desviar la atención del debate sobre la vivienda.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado las nuevas medidas sobre el alquiler anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde los terrenos de la operación Campamento, en la “continua improvisación” con la que, a su juicio, se busca “distraer el debate público”.

Sánchez avanzó este lunes un real decreto ley que incorporará incentivos fiscales para los propietarios que no incrementen el precio del alquiler en la renovación de los contratos, además de una regulación frente al “fraude” en los alquileres de temporada y límites al “abuso” del alquiler por habitaciones.

En el acto de finalización de las obras de urbanización de Valdebebas, el regidor madrileño reprochó al jefe del Ejecutivo “no saber cómo solucionar el problema de la vivienda y lo que hace es lanzar continuamente medidas al aire a ver si de esa manera distrae el debate público”.

Martínez-Almeida defendió las políticas de bonificaciones fiscales, como las que aplica el Ayuntamiento de Madrid, y se preguntó si los socios parlamentarios de Sánchez aceptarán siquiera la iniciativa planteada para favorecer a los propietarios. En cuanto al resto de medidas, el alcalde considera que van “en la dirección equivocada porque lo único que pretenden es intervenir y restringir aún más el mercado de la vivienda” y que este enfoque conduce “al fracaso total y absoluto.”

“Pedro Sánchez va a hacer ocho años de presidente del Gobierno y es cuando peor ha estado la vivienda en España. Ha estado desde el principio intentando intervenir el mercado de la vivienda y restringirlo cuando esto se soluciona de la forma que lo estamos haciendo en la ciudad de Madrid y por eso somos la primera ciudad en construcción de vivienda pública en España”, ha sostenido.

Según el alcalde, Madrid “construye tres de cada diez viviendas públicas en España” y esto implica “aumentar la oferta, generar mecanismos de colaboración público-privada y aumentar la construcción de la vivienda”.