Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha recurrido a su propio patrimonio para satisfacer los 150.000 euros de fianza que el Tribunal Supremo estableció previo al juicio por la supuesta filtración concerniente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dicho dato ha sido confirmado por fuentes del ámbito jurídico.
Según lo informado por Europa Press, tras la divulgación de la fianza, una variedad de individuos, que incluyen familiares, amigos, colegas y ciudadanos sin vínculos previos, han propuesto ayudar en el desembolso de la cantidad requerida.
No obstante, García Ortiz ha decidido no involucrar a terceros en esta situación, aunque ha expresado su gratitud por las manifestaciones de apoyo recibidas.
El fiscal general ha tenido que emplear una parte de sus activos, ya que no contaba con la liquidez necesaria de 150.000 euros. El Tribunal Supremo ahora debe verificar que los bienes aportados sean suficientes para cubrir el monto estipulado.
En paralelo, García Ortiz está preparando un recurso de apelación directo contra la cuantía de la fianza, que considera desproporcionada. La cifra final de 150.000 euros fue una reducción de los 300.000 euros inicialmente solicitados por González Amador, con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades económicas de un fallo adverso en el juicio.