QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado este miércoles que la situación del Sáhara Occidental no puede prolongarse durante otro medio siglo sin una salida política, insistiendo en que España respalda “sin ambages” a la ONU y se alinea con la última resolución del Consejo de Seguridad, ya que “reconfirma” la posición asumida por el Gobierno, en la que se considera la propuesta de autonomía marroquí (presentada en 2007) como “la solución más viable” para el conflicto y como base de negociaciones entre las partes.
“En el Sáhara, una cuestión pendiente que dura 50 años, no podemos permitir otro medio siglo igual”, ha recalcado el titular de Exteriores durante su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en una comparecencia en la que uno de los puntos centrales del orden del día es precisamente este dossier y la postura del Ejecutivo respecto a la resolución 2797, aprobada el pasado 31 de octubre.
“Apoyamos firmemente y sin ambages a las Naciones Unidas”, ha remarcado Albares, subrayando el “pleno apoyo” del Gobierno a dicha resolución. El texto salió adelante con once votos favorables, tres abstenciones —China, Rusia y Pakistán— y ningún voto en contra, mientras que Argelia, que ocupa un asiento no permanente, optó por no participar en la votación.
En su intervención, el ministro ha leído fragmentos de la resolución, que reafirma “el pleno apoyo” al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura, con el objetivo de que puedan “celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas”.
Según Albares, esta resolución “reconfirma completamente la posición española conforme al Derecho Internacional y Naciones Unidas”. El ministro ha aprovechado su primera intervención para destacar el buen momento de las relaciones con Marruecos, poniendo el acento en la vertiente económica y en la cooperación en materia de control de la inmigración, ámbitos que el Gobierno considera esenciales en su política exterior.
