El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo remitirá “pronto” a las Cortes el proyecto de Ley de Integridad Pública, que incorpora nuevas herramientas contra la corrupción y se enmarca en el plan estatal de lucha contra este fenómeno presentado el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños ha aprovechado para insistir en que es necesario poner “todos los medios” para frenar y evitar la repetición de conductas que “asquean” y “avergüenzan” al Gobierno.
“Ya hemos trabajado y vamos a enviar pronto a esta Cámara el proyecto de Ley de Integridad Pública”, ha señalado el ministro, sin concretar la fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará en segunda lectura esta iniciativa, que ya fue analizada el pasado 17 de febrero. Más tarde, en su réplica al portavoz de Junts, ha precisado que el texto llegará al Congreso “en las próximas semanas, en los próximos meses”.
Bolaños ha remarcado que la ley “incluye medidas tan novedosas como el recurso a la inteligencia artificial para la contratación pública”, que refuerza “el castigo no solo a los cargos públicos, sino también a los corruptores” y también a la Fiscalía y al Poder Judicial para investigar y juzgar casos de corrupción.
Empresas vetadas y control de los partidos
La futura Ley de Integridad Pública prevé la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y de un registro de empresas con prohibiciones de contratar, además de elevar hasta 20 años la inhabilitación para aquellas compañías condenadas por delitos de corrupción.
En el ámbito de los partidos políticos, la norma endurece el control de sus finanzas, imponiendo auditorías externas y rebajando el umbral a partir del cual deben hacerse públicas las donaciones. También incluye cambios penales, como la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y el refuerzo de los mecanismos para la recuperación de activos.
El ministro de Justicia ha subrayado igualmente que “pronto estará en el Boletín Oficial del Estado” la mayor convocatoria de la historia de jueces y fiscales en España: 500 plazas para jueces y magistrados y 200 para fiscales.
Despliegue del Plan de Acción por la Democracia
Bolaños ha reivindicado además los avances logrados hasta ahora. Ha recordado que en septiembre de 2024 se aprobó el Plan de Acción por la Democracia, con 31 medidas, de las que 26 ya se encuentran en fase de cumplimiento. “Es decir, el 84%, y muchas de ellas, las que faltan, acabarán de concretarse en las próximas semanas”, ha apuntado.
En este contexto, ha detallado que la Autoridad Independiente de Protección del Informante ha recibido 416 denuncias desde su creación, mantiene 45 procedimientos en tramitación, ha acordado la protección de 25 personas y tramita cinco expedientes sancionadores. Son, a juicio del ministro, “unas cifras bien importantes de un órgano que acaba de empezar a andar”.
Asimismo, ha aludido a la reforma de la normativa sobre libertad de expresión mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, actualmente en tramitación parlamentaria, y ha recordado que se han puesto en marcha dos nuevas Fiscalías de Sala especializadas “para combatir la corrupción, una dedicada a delitos contra la administración pública y otra para delitos económicos”.