El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este miércoles a los grupos del Congreso que adopten posiciones "menos maximalistas" con el fin de lograr por fin la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP en 2015 y rebautizada por la oposición como 'Ley Mordaza'.
Durante su intervención en la Comisión Constitucional, Bolaños ha contestado a Sumar y Bildu, cuyos portavoces le habían exigido hacer un "esfuerzo" para que la 'Ley Mordaza' deje de estar vigente, después de más de una década en funcionamiento. El ministro ha llegado a asegurar que se está "cerca" de un posible pacto y ha animado a las formaciones a flexibilizar sus posturas para hacerlo posible.
Ha recordado que los grupos que sostienen al Gobierno, junto con Bildu y PNV, registraron una proposición de ley para modificar esta normativa, pero su tramitación permanece bloqueada desde diciembre de 2024 en la Comisión de Interior por la ausencia de consenso entre las distintas fuerzas.
Bolaños ha subrayado que la Ley de Seguridad Ciudadana es probablemente la norma que "más esfuerzo" ha requerido al Gobierno y al PSOE para tratar de actualizarla y situarla en parámetros de mayor transparencia. Sin embargo, ha lamentado que persiste "una batalla sorda" entre los grupos, especialmente entre partidos que compiten en los mismos territorios.
Esa "batalla", que ha calificado de "totalmente legítima", está provocando en la práctica que la 'Ley Mordaza' se esté "cronificando". Por ello, ha aprovechado su comparecencia para apelar a la responsabilidad de todas las formaciones y pedirles que valoren "lo positivo" de la reforma y abandonen las posiciones "maximalistas".
El titular de la Presidencia ha recalcado que el Gobierno y el PSOE van a hacer "un esfuerzo" adicional para intentar sacar adelante la nueva regulación, pese a los numerosos intentos fallidos acumulados, porque, ha insistido, la Ley Mordaza "tiene un déficit democrático importante".
Reforma de la Ley de Información Clasificada
En paralelo, Bolaños ha pedido a los grupos parlamentarios que se impliquen en la mejora y aprobación del proyecto de Ley de Información Clasificada, que continúa su tramitación en el Congreso pero que, como otras iniciativas legislativas, permanece congelado.
Ha destacado que el actual es el primer Ejecutivo que ha elaborado una reforma integral de la Ley de Información Clasificada, ajustada a "los mejores estándares europeos", frente a la falta de interés de gobiernos anteriores por sustituir una normativa que data de 1968.
Por ello, ha urgido a las formaciones a realizar un nuevo "esfuerzo" para que esta ley, que incorpora garantías "bastante necesarias" en un sistema democrático, pueda aprobarse antes de que concluya la legislatura. A su juicio, no tiene "ningún sentido" que no vea la luz, ya que supondría "un paso de gigante".
En este contexto, Bolaños ha reivindicado que el actual Gobierno ha desclasificado todos los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que estaban en su poder, y ha añadido que también procede a desclasificar otros materiales a petición de los tribunales. Lo ha hecho en respuesta a Bildu, que ha reclamado continuar con la desclasificación de documentación relativa, entre otros, al 'caso Zabalza' o el 'caso Naparra'.
Mensaje a Junts y debate sobre la nueva LeCrim
Frente a las críticas de Junts sobre las consecuencias para autónomos y pymes del retraso en la transposición de directivas europeas, el ministro ha preguntado a la formación de Carles Puigdemont si asume "alguna responsabilidad" en que esas normas no hayan podido salir adelante. "Nosotros, por supuesto que sí, pero creo que ustedes alguna también. Mírense al espejo algún día", les ha espetado.
Bolaños también ha llamado a Junts y al resto de grupos a colaborar en la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), igualmente en tramitación en la Cámara Baja, después de que la formación independentista reclamara fijar un límite temporal a las instrucciones judiciales para evitar que se prolonguen 'ad eternum'.
El ministro ha precisado que "no es posible" establecer un tope máximo a la fase de instrucción, porque ello abriría un camino "hacia la impunidad". No obstante, ha defendido que el nuevo texto sí introduce mayores garantías en esa fase procesal, en línea con lo que sucede en otros países europeos.