Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, sugiere que la forma más efectiva de salvaguardar el derecho al aborto de las fluctuaciones políticas es su inclusión en la Constitución como parte de los derechos fundamentales, lo que conllevaría la disolución de las Cortes Generales, la convocatoria de nuevas elecciones y un referéndum posterior.
Durante su mandato como vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, Calvo ha compartido estas reflexiones en una conferencia de prensa, preguntada sobre la protección constitucional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Ejecutivo.
PROCEDIMIENTO AGRAVADO DE REFORMA
Según ella, el procedimiento agravado para modificar la Constitución implica la aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes Generales y la celebración de elecciones. Posteriormente, el nuevo texto debe ser ratificado por el nuevo Parlamento y sometido a un referéndum obligatorio y vinculante.
Aunque el Consejo de Estado normalmente no comenta públicamente sus dictámenes, Calvo ha decidido expresar su postura, ya que ha escrito sobre este tema anteriormente y sería ‘hipócrita’ no hacerlo. ‘No desvelo nada’, asegura.
Calvo no cree que la inclusión del aborto en el artículo 43, como propone el Gobierno, implique una desprotección, aunque defiende que el lugar más adecuado para su protección es el bloque de los derechos fundamentales de la Constitución, que abarca desde el artículo 15 hasta el 29.
En su opinión, esta discusión es ‘muy relevante para la mitad de la población del mundo’ y no debería estar sujeta a ‘los vaivenes políticos’ de los cambios de gobierno. Por ello, sostiene que este derecho debe estar protegido de forma inequívoca para la libertad de las mujeres.